La Operación Enjambre derivó en la detención del alcalde de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, y del exedil de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, como parte de las acciones federales contra la extorsión y la delincuencia organizada en Morelos.

Las aprehensiones fueron confirmadas por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien informó que los operativos se realizaron con apoyo de información del Centro Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con las autoridades, elementos federales cumplimentaron cuatro órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Hasta el cierre de esta edición, no se habían revelado las identidades de las otras dos personas detenidas.

Continúa investigación contra alcalde de Cuautla

Harfuch detalló que continúan las acciones para ejecutar una orden de aprehensión contra Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, quien es investigado por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

Las autoridades federales no precisaron los delitos específicos imputados a Toledano Amaro y Sánchez Zavala. Sin embargo, señalaron que las investigaciones forman parte de una estrategia nacional enfocada en combatir estructuras criminales vinculadas con extorsión y otros delitos de alto impacto.

Además, el titular de seguridad explicó que en los operativos participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional. Las corporaciones mantienen coordinación en distintas regiones de Morelos para fortalecer las investigaciones en curso.

Operación Enjambre mantiene acciones en Morelos

La Operación Enjambre se ha concentrado en investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales. En Morelos, esta estrategia ya había derivado en operativos contra funcionarios municipales de Amacuzac por presunta extorsión agravada.

Asimismo, las autoridades federales reforzaron recientemente las acciones de inteligencia y seguridad en municipios considerados prioritarios. El objetivo es desarticular redes relacionadas con cobros ilegales, amenazas y actividades de delincuencia organizada.