Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al director de Tránsito Municipal de Iguala, Mauro Antonio “N”, acusado del delito de delincuencia organizada y presuntamente relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

De acuerdo con las investigaciones federales, el funcionario es señalado específicamente por haber utilizado un teléfono celular perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, un día después de los hechos, el 27 de septiembre de 2014, lo que lo vincularía directamente con las indagatorias del caso.

Operativo federal y aseguramiento del inmueble

El operativo de captura se realizó alrededor de las 04:00 horas de este martes en el fraccionamiento Villas del Rey 2, en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero. Elementos federales desplegaron un dispositivo de seguridad para asegurar la vivienda del funcionario, quien seguía en funciones al momento de su detención.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma corta, un arma larga, cartuchos útiles, un cargador, narcóticos y diversos teléfonos celulares, objetos que fueron integrados a la carpeta de investigación. Posteriormente, personal ministerial colocó sellos oficiales con la leyenda de inmueble asegurado en el domicilio.

Hasta la noche del lunes 2 de marzo, Mauro Antonio “N” continuaba desempeñando actividades propias de su cargo, el cual le fue otorgado por el alcalde Erick Catalán Rendón, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sin postura oficial del Ayuntamiento

Tras la detención, la unidad oficial utilizada por el director de Tránsito permaneció estacionada frente al domicilio ubicado en la calle Victoria número 35, mientras las autoridades federales avanzan en las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Iguala no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la captura ni ha informado sobre un posible relevo en la dirección de Tránsito municipal.

La detención ocurre en medio de la exigencia constante de familiares y organizaciones sociales que demandan verdad y justicia en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México, cuya investigación continúa abierta más de una década después.

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