A poco más de cinco años del asesinato de Fátima Cecilia, una niña de siete años que fue sustraída de su escuela y asesinada en febrero de 2020, un tribunal dictó este martes una sentencia de 170 años de prisión a Mario “N” y Giovana “N”, responsables del secuestro agravado y feminicidio.

La sentencia representa un hito en la búsqueda de justicia para la familia de Fátima y en el combate a la impunidad en casos de violencia infantil en México. De acuerdo con las autoridades judiciales, la pena impuesta responde a la gravedad de los delitos cometidos y a la brutalidad con la que fue perpetrado el feminicidio.

¿Qué le ocurrió a Fátima?

Fátima Cecilia desapareció el 17 de febrero de 2020 tras salir de la escuela primaria Enrique Rébsamen, ubicada en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a la menor siendo conducida por una mujer —identificada después como Giovana “N”— fuera de las instalaciones escolares.

Cuatro días más tarde, el 21 de febrero, el cuerpo de la niña fue hallado sin vida en un terreno de la alcaldía Tláhuac. La autopsia confirmó que fue víctima de violencia sexual y física antes de su asesinato.

La pareja responsable fue localizada días después, el 19 de febrero, en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México, tras un operativo de la Fiscalía capitalina. En menos de 24 horas desde su identificación, se logró su detención. El domicilio donde vivían, en la misma alcaldía de Xochimilco, fue cateado por las autoridades, y se determinó que ahí se cometió el crimen.

Lenta justicia y dolor familiar

Sonia López, tía de Fátima, denunció en diversas ocasiones la lentitud y los obstáculos del sistema judicial. Uno de los momentos críticos del proceso fue cuando la jueza inicialmente asignada al caso renunció por incapacidad, lo que obligó a reponer parte del juicio.

“Han sido años de impunidad. Hoy se dictan 170 años por un crimen que no se puede reparar, porque nada nos va a devolver a Fátima”, expresó López tras conocerse la sentencia. No obstante, también destacó que el fallo representa un aliciente para continuar luchando por la protección de la infancia en México.

La tía de Fátima subrayó que la tragedia pudo haberse evitado si las autoridades y la escuela hubieran actuado con diligencia. Recordó que la familia ya había advertido sobre la situación de vulnerabilidad de la niña, sin que se tomaran medidas preventivas.

López también se dirigió directamente a los niños y niñas del país: “Si hoy alguien te está tocando, si alguien te está agrediendo de alguna manera, alza la voz. Corre con tu tía, con tu primo, con esa persona de confianza que te va a escuchar. Hoy sabemos que sí se puede castigar a quienes hacen daño”.

Sus palabras fueron respaldadas por organizaciones de la sociedad civil, que han acompañado el caso desde sus inicios. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que entre enero de 2015 y octubre de 2024 se registraron 811 feminicidios de niñas y adolescentes menores de 18 años en el país. El Estado de México, Veracruz y Jalisco concentran cerca del 30% de estos crímenes, con 132, 64 y 61 casos respectivamente.

Investigación y pruebas contundentes

Desde el primer momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México descartó que se tratara de un secuestro con fines económicos. Las investigaciones concluyeron que el motivo de la sustracción fue el asesinato premeditado. Ulises Lara, entonces vocero de la Fiscalía, informó que la identificación del cuerpo se logró mediante estudios genéticos y que se ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información que condujera a los responsables.

El material audiovisual recolectado fue clave para esclarecer los hechos. Los videos mostraron la ruta que siguió la mujer que se llevó a Fátima desde el colegio hasta el domicilio donde finalmente fue asesinada.

El caso de Fátima Cecilia no solo evidenció fallas institucionales en la protección de menores, sino que también activó un debate nacional sobre la seguridad escolar, la atención a denuncias de riesgo infantil y la respuesta judicial ante el feminicidio de niñas y niños.

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