Dictan prisión preventiva a ‘agresores’ de la Academia Ollin por caso de Erick
12/05/2025 - Hace 1 año en MéxicoDictan prisión preventiva a ‘agresores’ de la Academia Ollin por caso de Erick
La Fiscalía General del Estado de Morelos dictó prisión preventiva a dos implicados en el homicidio del menor Erick Torbellín, ocurrido en un campamento escolar. Angélica “N” y Juan Carlos “N” fueron detenidos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusados de homicidio calificado por la muerte del estudiante.
El hecho sucedió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, realizado en la comunidad de Felipe Neri, en límites entre Morelos y Estado de México. El 10 de mayo de 2025, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra ambos directivos, señalados por presuntas agresiones que habrían provocado el fallecimiento del joven.
Según el comunicado oficial, la Fiscalía obtuvo autorización judicial para imponer prisión preventiva como medida cautelar contra los presuntos responsables del delito de homicidio calificado. La primera audiencia se llevó a cabo en un juzgado de control de Cuautla, Morelos, donde el juez validó la detención de los imputados por este caso.
Pruebas iniciales
El Ministerio Público presentó pruebas iniciales que indican responsabilidad directa en las lesiones físicas que sufrió el menor durante el campamento, presuntamente cometidas con dolo y violencia. La necropsia del menor reveló severas lesiones internas, incluyendo fracturas abdominales, que habrían derivado directamente en su fallecimiento, según la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía.
Agentes de la AIC detuvieron a los imputados en Nezahualcóyotl, Estado de México, tras detectarse múltiples irregularidades en los protocolos de seguridad del campamento escolar. Durante la audiencia del 11 de mayo, los detenidos solicitaron acogerse al plazo constitucional, por lo que su situación jurídica será definida en los próximos días.
Desde el 26 de abril, Erika Lucía, madre del menor, ha encabezado protestas exigiendo justicia y responsabilizando a la academia por negligencia y violencia institucional. Colectivos de derechos humanos han exigido el cierre de la academia y han solicitado una investigación más amplia sobre presuntos abusos en otras sedes de la institución.
La Fiscalía Regional Oriente reiteró su compromiso con la verdad y anunció que continuará con el desahogo de pruebas para esclarecer los hechos y asegurar justicia. El caso ha generado indignación pública y reabre el debate sobre la regulación de escuelas militarizadas privadas y la vigilancia en actividades extracurriculares para menores.
