La diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez presentó denuncias contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, y su secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, por violencia política de género y daño moral.

En una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Arcos detalló presiones para implementar un esquema de desvío de recursos del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, denunciando la obstaculización de sus facultades como líder nacional de las mujeres.

Diputada denuncia presiones para desviar recursos

La denuncia de Arcos se centra en la presión ejercida para desviar recursos destinados a la capacitación de mujeres. Según su testimonio, Moreno y Gutiérrez Arroyo buscaban un esquema para retornar la mitad de un recurso de 32 millones de pesos, utilizando capacitaciones en línea de un ‘instituto patito’ como fachada.

Como evidencia de sus acusaciones, la diputada presentó un audio en el que Gutiérrez Arroyo le planteaba aceptar cursos en línea a un costo menor y regresar la diferencia a la Secretaría de Finanzas, para que luego fuera entregada a Moreno. Arcos resaltó que se trató de una situación de violencia política de género al limitar sus facultades como líder y excluirle de las actividades del partido.

Impacto en las mujeres del PRI

Arcos resultó destituida de su puesto en diciembre pasado sin notificación previa y le negaron la entrega-recepción de su gestión. Además, relató cómo fue sometida a revisión por parte de otra mujer para confiscar dispositivos de grabación en una reunión con la Contraloría del PRI. Sus bienes fueron sacados a la banqueta del partido, en un claro acto de represalia.

La diputada expresó su preocupación por el impacto en las miles de mujeres que se beneficiaban de programas de capacitación y actividades organizadas por el Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Asimismo, señaló que desconoce qué ocurrió con los recursos asignados y presentó una queja ante el área de Fiscalización del INE para esclarecer el destino de dichos fondos.

La denuncia de Arcos destaca no solo la violencia política de género que sufrió personalmente, sino también el potencial daño a la integridad del proceso político y la representación de las mujeres en el PRI. Su testimonio arroja luz sobre prácticas que socavan la participación femenina y la transparencia en el uso de recursos partidistas.

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