En busca de garantizar los derechos de las personas con infecciones de transmisión sexual (ITS), la diputada trans María Clemente García Moreno, miembro del partido Morena, está impulsando una iniciativa para despenalizar las sanciones por transmisión de estas enfermedades.

El proyecto de reforma plantea derogar diversas disposiciones del código penal federal, específicamente el artículo 199 bis en materia de delito de peligro de contagio. Esta norma establece que aquellos que, siendo conscientes de su infección de sífilis o de un mal venéreo en periodo infectante, pongan en peligro la salud de otros a través de relaciones sexuales, podrían enfrentar penas de hasta tres años de prisión y multas de hasta tres mil pesos.

Los argumentos de la diputada trans

Sin embargo, García Moreno argumenta que esta disposición es discriminatoria y afecta de manera particular a las personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), ya que simplemente la posibilidad de exponer a otros a ser infectados puede implicar el uso del derecho penal en su contra. La diputada señala que esta disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 1940, criminaliza a las personas que viven con ITS y representa un acto de discriminación.

Además, argumenta que cada acto sexual tiene siempre la probabilidad de transmitir una infección, ya sea por una falla del condón o por la eficacia limitada de los medicamentos antirretrovirales. García Moreno propuso derogar el artículo 199 Bis del Código Penal Federal ante esta situación, con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y evitar la estigmatización de las personas con ITS.

El debate en el Congreso y la sociedad civil ante la propuesta de la diputada trans

La diputada enfatiza que es importante implementar estrategias de prevención y educación para proteger la salud de todos los ciudadanos, sin necesidad de recurrir a sanciones penales que perpetúen la exclusión y la discriminación. La iniciativa de la diputada ha generado un amplio debate en el Congreso, ya que algunos legisladores consideran necesario mantener estas sanciones como medida de protección de la salud pública y como forma de responsabilizar a aquellos que ponen en riesgo la vida de otros.

Sin embargo, otros argumentan que penalizar la transmisión de enfermedades sexuales no es la solución adecuada, y que es necesario generar una mayor conciencia y acceso a servicios de salud para prevenir la propagación de estas infecciones. La lucha por los derechos de las personas con ITS continúa, y será en el Congreso donde se debata y decida el futuro de esta iniciativa.

Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil y activistas de derechos humanos están monitoreando de cerca el proceso, abogando por una legislación más justa y equitativa que atienda las necesidades de todas las personas, sin importar su condición de salud.

Te puede interesar: ¿Por qué Google celebra a Agnès Varda con un Doodle?