En breve… El diputado federal de Morena, Alejandro Robles, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, acusándola de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En contexto: 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer los supuestos contratos que Xóchitl Gálvez habría obtenido de desarrolladores y gobiernos, por un monto aproximado de 1,400 millones de pesos.

A profundidad: 

• Durante una rueda de prensa realizada en el recinto legislativo, el legislador morenista afirmó que la aspirante a la presidencia de la oposición se ha beneficiado de las diversas posiciones políticas que ha ocupado a lo largo de su trayectoria.
• El legislador aseguró haber organizado y estructurado la información recién descubierta sobre los contratos de Gálvez Ruiz, además de haber obtenido acceso a su declaración patrimonial de 2002. En dicha declaración, ella supuestamente no declaró más de 600 mil pesos distribuidos en tres cuentas bancarias y negó ser propietaria de sus empresas.

• Al respecto, afirmó que no tienen la intención de fabricar ningún delito en contra de la senadora panista; expresó que le otorgan el beneficio de la duda para que pueda demostrar la autenticidad y legalidad de sus ingresos, así como de los contratos que mantiene con empresas privadas.

¿Qué están diciendo?

• Alejandro Robles, diputado de Morena: “Estamos hablando de un entramado de lavado de dinero, y eso es lo que estamos pidiendo a la Fiscalía de República, que investigue si es una exitosa emprendedora o una política corrupta”.
• Xóchitl Gálvez: «Nunca va a encontrarme nada, las mujeres facturamos».

Mientras tanto: 

• El diputado Alejandro Robles dijo que hay pruebas que indican que Xóchitl tenía vínculos no solo con, sino también lideraba el Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México, ya que otorgó licencias de construcción mientras se desempeñó como delegada de Miguel Hidalgo.
• La panista ha sido acusada de haber obtenido ganancias millonarias a través de sus empresas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, mediante contratos con dependencias gubernamentales. Sin embargo, ella ha negado dichos contratos ilegales.

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