El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo, con 345 votos a favor de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT); 131 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y tres abstenciones. Tras el aval general, el dictamen pasó a la discusión en lo particular, donde se desahogarán 307 reservas presentadas por diversos grupos parlamentarios.

La reforma, impulsada por el Ejecutivo federal, incorpora una nueva redacción del concepto de “interés legítimo”, el cual podrá ser tanto individual como colectivo, sin requerir que la lesión jurídica sea necesariamente actual ni que el beneficio obtenido sea directo. Esta modificación busca, según sus promotores, facilitar el acceso al juicio de amparo a un mayor número de personas o colectivos, sin limitar su procedencia a daños inmediatos y personales.

Otro de los cambios relevantes establece que, en materia fiscal, el juicio de amparo contra actos de cobro de contribuciones derivadas de créditos fiscales solo podrá interponerse hasta la publicación de la convocatoria de remate, cerrando una ventana que, argumentan los legisladores oficialistas, se utilizaba para retrasar o evitar el cumplimiento de obligaciones fiscales firmes.

El debate sobre la reforma se ha tensado por el trasfondo político que le atribuyen sus detractores, quienes acusan que los cambios buscan limitar la capacidad de ciudadanos y organizaciones para oponerse a decisiones del gobierno federal. Desde el oficialismo, en contraste, se argumenta que la reforma tiene como objetivo “evitar abusos del juicio de amparo como herramienta para eludir responsabilidades legales”.

La discusión en lo particular continuará con la revisión de las reservas, aunque Morena ha anticipado que solo un número reducido será aprobado. De mantenerse sin cambios sustanciales, el dictamen será turnado al Senado para su revisión.

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