En breve… La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos para el año 2024, que incluye la creación de un nuevo fondo destinado a respaldar la operación del proyecto del Tren Maya, otorgando un monto anual que supera los 24 mil millones de pesos.

A detalle: 

• La propuesta establece que los proyectos prioritarios del Gobierno Federal tienen como objetivo principal aumentar la actividad económica en la región y fomentar el turismo, así como mejorar las condiciones económicas y contribuir al bienestar social.
• Esto se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo y justifica la reasignación de los recursos de los 13 fideicomisos del Poder Judicial que serían eliminados, dirigiéndolos hacia los programas sociales impulsados por la 4T.
• Se trata de una modificación al artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos plantea que la empresa de participación estatal mayoritaria llamada Tren Maya, S.A. de C.V., que está bajo la supervisión de la Sedena, establecerá el fideicomiso en cuestión.
• Los fondos provendrán de los ingresos generados por la prestación del servicio de expedición de la condición de estancia a visitantes que ingresan al país con propósitos turísticos y sin autorización para realizar actividades remuneradas, como se explica en la iniciativa.
• Tales recursos se destinarán al Tren Maya y serán utilizados para cubrir los gastos relacionados con su operación, prestación de servicios, administración, explotación, construcción, planificación, adquisiciones, proyectos o programas, arrendamientos, obras complementarias, equipamiento, instalaciones, investigaciones, proyectos e inversiones en infraestructura, entre otros aspectos vinculados al funcionamiento de esta entidad paraestatal.
• Finalmente, el dictamen fue aprobado en su versión general con 239 votos a favor, 196 en contra y 2 abstenciones, aunque suscitó críticas debido a la creación del nuevo fideicomiso.

Para considerar: 

• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, equivalentes a aproximadamente 15,000 millones de pesos.
• Según el Artículo Quinto transitorio del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, los fondos deben ser centralizados como aprovechamientos en la Tesorería de la Federación y posteriormente asignados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programas que estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.
• El Poder Judicial de la Federación, por su parte, tiene un plazo de 7 días hábiles a partir del día posterior al depósito en la Tesorería de la Federación para publicar un informe detallado, desglosado y específico para cada fideicomiso que ha sido eliminado. Este informe debe incluir los montos transferidos a la Tesorería y cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública, máxima publicidad y otros principios relacionados con la divulgación de la información.

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