En sesión celebrada durante la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor y 122 en contra el dictamen que modifica diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. La reforma, que ahora será turnada al Senado para su análisis, contempla medidas para combatir la evasión fiscal mediante facturas falsas y regula de forma más estricta el acceso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los registros de plataformas digitales.

Entre los cambios más destacados, se incluye la posibilidad de prisión preventiva oficiosa para accionistas o representantes legales de empresas vinculadas con la emisión de comprobantes fiscales falsos, una disposición que entrará en vigor en abril de 2026. Gari Flores, Administrador General de Recaudación del SAT, explicó en entrevista que esta medida busca frenar las operaciones de empresas conocidas como «factureras», que defraudan al fisco. Según Flores, desde el momento en que se presume esta conducta delictiva, se podría aplicar esta sanción, considerada una de las más severas del sistema penal mexicano.

Durante el debate parlamentario, se avalaron dos cambios importantes al dictamen. Uno de ellos fue posponer hasta el 1 de abril de 2026 la obligación para que las plataformas digitales otorguen al SAT acceso en tiempo real a sus registros, con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Sin embargo, esta disposición ha sido criticada por organizaciones civiles. Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19 en México, advirtió que la reforma al artículo 30-B del Código Fiscal podría derivar en una forma de censura indirecta, bajo el argumento de fiscalización. El activista cuestionó la necesidad de mantener un acceso permanente del gobierno a datos personales y consideró que la medida representa una injerencia desproporcionada en el derecho a la privacidad.

Maldonado también alertó que el incumplimiento de esta disposición por parte de las plataformas podría derivar en su bloqueo temporal, afectando a millones de usuarios que utilizan servicios como redes sociales o plataformas de streaming. En su opinión, se trata de un nuevo mecanismo de control que se suma a otras reformas recientes que, según él, consolidan un sistema de vigilancia masiva por parte del Estado.

La aprobación de estas reformas se da en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos para 2026, y pese a las advertencias sobre sus posibles efectos en derechos digitales y libertad de expresión, es probable que avance en el Senado dada la mayoría legislativa que mantiene la coalición oficialista conformada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.

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