La Cámara de Diputados ha dado un paso crucial en la reestructuración de la administración pública mexicana al aprobar el dictamen que transfiere al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) las funciones que antes desempeñaba el extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esta decisión, que ya había sido impulsada por la presidencia de la República, consolida al INEGI como el pilar central para la medición de la pobreza y la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social en el país.

Esta modificación legislativa es una respuesta directa a la reciente reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, la cual derogó el apartado de la Carta Magna que daba sustento al Coneval. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja se encargó de dar luz verde a este dictamen, cumpliendo así con el plazo de 90 días estipulado en el decreto constitucional para realizar las adecuaciones legales necesarias.

¿Qué implica este cambio?

La aprobación de este dictamen conlleva modificaciones significativas a leyes clave, como la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En la Ley General de Desarrollo Social, por ejemplo, las menciones a Coneval y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) serán reemplazadas por INEGI y la Secretaría de Bienestar, respectivamente.

Pero más allá de los cambios nominales, el INEGI adquiere nuevas y cruciales responsabilidades:

• Actualización de lineamientos y criterios técnicos para la medición de la pobreza: Se garantizará la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo, un aspecto fundamental para el análisis de las tendencias sociales.
• Evaluaciones integrales de la Política de Desarrollo Social: El INEGI tendrá la facultad de realizar estas evaluaciones y emitir recomendaciones, cuyos resultados serán públicos en su portal institucional, reforzando la transparencia.
• Principios de independencia y rigor técnico: Un nuevo capítulo en la Ley General de Desarrollo Social, denominado “Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”, detalla que el INEGI deberá regirse por principios de independencia, objetividad, transparencia y rigor técnico en estas nuevas funciones.
• Programa anual de evaluaciones: Las evaluaciones se llevarán a cabo conforme a un programa anual definido por la Secretaría de Bienestar.
• Continuidad y comparabilidad de datos: El INEGI deberá asegurar que los indicadores utilizados en mediciones anteriores puedan seguir siendo estimados en el tiempo y espacio, manteniendo la coherencia histórica de la información.