La diputada Rocío Reza Gallegos, secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, destacó la urgente necesidad de expedir la Ley General de Seguridad Privada para regularizar un considerable porcentaje de empresas del sector.

Según sus declaraciones, alrededor del 35% de las más de 6 mil empresas de seguridad privada en México (aproximadamente 2 mil 100) operan sin regulación, lo que plantea un desafío significativo en términos de competencia leal y seguridad ciudadana.

Falta de voluntad política para avanzar en la legislación

En una conferencia de prensa acompañada por Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), Reza Gallegos señaló la falta de voluntad política de los grupos parlamentarios para avanzar en el proceso legislativo de la iniciativa. A pesar de contar con los elementos necesarios para su dictamen en la Comisión de Seguridad Ciudadana, la propuesta aún no ha progresado, generando inquietud sobre la regulación del sector.

La diputada resaltó la existencia de una competencia desleal dentro del sector de seguridad privada, donde algunas empresas cumplen con las regulaciones mientras que otras operan sin seguir los protocolos necesarios. Esta situación afecta la imagen del gremio y, según Reza Gallegos, las empresas que cumplen con la regulación sufren una doble tributación por parte de estados y municipios.

Cabe destacar que la legislación propuesta no solo abordará la regulación de empresas de seguridad privada, sino que también incluirá la regulación de policías auxiliares y complementarias, como el Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (CUSAEM) y el Servicio de Protección Federal. Además, el proyecto busca regular el uso de armas por parte de los cuerpos de seguridad privada, actualmente utilizando armas de uso exclusivo del Ejército.

Llamado a la unidad de los grupos parlamentarios

Raúl Sapién Santos, presidente del CNSP, enfatizó la necesidad de la ley para mejorar la efectividad en materia de seguridad privada y llamó a los grupos parlamentarios a dejar de lado sus diferencias y respaldar la legislación. Hizo hincapié en que la seguridad privada es un asunto de necesidad social y no está vinculada a colores o partidos políticos, exigiendo certeza jurídica para el gremio y beneficiando tanto a los trabajadores del sector como a quienes utilizan servicios de seguridad privada.

Asimismo, Sapién Santos reconoció que la deuda con el país y la clase trabajadora de la seguridad privada persiste debido a la falta de una ley general en la materia. Subrayó que la legislación propuesta no solo brindaría seguridad jurídica a los trabajadores, sino que también generarían confianza en quienes demandan servicios de seguridad privada. Sin embargo, destacó que alcanzar este objetivo dependerá de la voluntad política y jurídica para cumplir con un mandato constitucional.

La llamada de los diputados a aprobar la Ley de Seguridad Privada destaca la urgente necesidad de regular un sector que enfrenta desafíos significativos. La falta de regulación de un considerable número de empresas plantea problemas de competencia desleal y seguridad ciudadana, por lo que la legislación propuesta busca abordar estos problemas, garantizando la seguridad jurídica y social de la clase trabajadora y generando confianza en quienes dependen de servicios de seguridad privada.

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