El diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una iniciativa ante el Congreso para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de aumentar las penas por los delitos de robo y despojo cuando las víctimas sean adultos mayores o con discapacidad.
Esta propuesta busca garantizar que las sanciones reflejen la gravedad del impacto que estos delitos tienen en la sociedad, considerando las dificultades particulares que enfrentan las personas de este sector para reponer sus bienes.
Núñez Aguilar detalló en un comunicado que cuando una persona adulta mayor es víctima de un robo, muchas veces ya no está en condiciones de realizar el esfuerzo necesario para recuperar sus pertenencias. Ante ello, señaló que la pena debe ajustarse a la realidad que enfrentan las personas en la vejez o con discapacidad.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 había 15.4 millones de personas mayores de 60 años en el país, de las cuales 1.7 millones vivían solas y más del 69% presentaban alguna discapacidad o limitación, factores que los hacen más vulnerables a ser víctimas de delitos.
Respeto hacia las personas mayores
Además de la reforma penal, Núñez Aguilar resaltó la importancia de fomentar en las nuevas generaciones el respeto hacia las personas mayores y la protección de su patrimonio. «Esto no solo fomenta un sentido de responsabilidad, sino que también fortalece los lazos familiares y comunitarios«, destacó el legislador.
El diputado Ernesto Núñez Aguilar también llamó a la sociedad a trabajar en conjunto para garantizar que los bienes de las personas adultas mayores sean respetados y que su legado perdure en el tiempo.
Esta iniciativa busca proteger a los más vulnerables de la sociedad y garantizar que los delitos de robo y despojo contra adultos mayores sean castigados de manera acorde a la gravedad de las acciones cometidas.
La propuesta de aumentar las penas por estos delitos ha generado un debate en el Congreso, donde se espera que se discuta y se apruebe en beneficio de la justicia y la protección de los derechos de las personas de la tercera edad.