El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa de reforma que busca modificar dos leyes clave en materia de consumo y crédito: la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. El objetivo, según explicó, es erradicar prácticas abusivas, proteger la privacidad de los consumidores y delimitar el uso del Buró de Crédito en contextos ajenos al financiero.

Entre los principales cambios propuestos destaca la prohibición del uso de reportes crediticios para evaluar la capacidad laboral, necesidades médicas, de vivienda o cualquier otro propósito no vinculado al sistema financiero. Asimismo, se busca que la consulta o adquisición de dichos reportes no condicione la inclusión de personas en el Buró de Crédito, una medida destinada a evitar el mal uso de la información personal.

“El propósito es clarificar qué servicios deben estar sujetos a la ley para impedir abusos y proteger a los ciudadanos”, explicó Astudillo. La propuesta también considera excluir ciertos servicios, como los relacionados con el empleo o servicios profesionales sin fines comerciales, de las restricciones aplicables a proveedores regulados por la ley.

Otro aspecto relevante de la iniciativa es la obligación de que las sociedades de información crediticia corrijan errores en los reportes cuando sean detectados por los usuarios. De esta forma, se pretende garantizar que los historiales crediticios sean precisos, justos y reflejen la realidad, evitando afectaciones por inconsistencias o datos desactualizados.

Astudillo Suárez sostuvo que esta reforma representa un avance hacia la transparencia en el uso de datos crediticios y otorga mayor control a los consumidores sobre su información financiera. Además, subrayó que limitar el uso de estos reportes a fines estrictamente financieros ayudará a proteger la reputación crediticia de los ciudadanos frente a prácticas discriminatorias o indebidas.

La propuesta se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, donde podría abrir un debate más amplio sobre el papel del Buró de Crédito y la protección de datos personales en México.

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