El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, acusó a María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), de participar en un presunto caso de corrupción en contra de la empresa estatal mexicana. Estas impactantes declaraciones surgieron durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, generando un revuelo en la opinión pública.
Acusaciones contra María Amparo Casar
Según Romero Oropeza, Casar habría solicitado el pago de seguros y pensiones tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, quien falleció en 2004 al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex.
El director de Pemex alegó que Casar y el escritor Héctor Aguilar Camín presionaron al entonces procurador de la Ciudad de México para alterar el dictamen de la causa de muerte, buscando cambiar la conclusión de suicidio por un accidente. Esta controversia puso en entredicho la integridad y la reputación de Casar, así como la credibilidad de MCCI.
Respuesta de María Amparo Casar
Ante las acusaciones, María Amparo Casar negó rotundamente su participación en cualquier acto de corrupción. En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Casar desmintió haberse reunido con el entonces procurador Bernardo Bátiz para alterar documentos relacionados con el fallecimiento de su esposo. Asimismo, afirmó que estas acusaciones son parte de una estrategia de difamación por parte del presidente López Obrador y del gobierno, utilizando el aparato estatal para calumniar a sus críticos.
Polémica y desafíos legales
La situación ha desatado una intensa polémica y plantea desafíos legales para ambas partes involucradas. Casar anunció su intención de llevar a cabo acciones legales para demandar que se restablezca su pensión y para defender su reputación ante las acusaciones de corrupción. Mientras tanto, Pemex está emprendiendo acciones legales para recuperar los montos que considera indebidamente pagados y para fincar responsabilidades a los funcionarios implicados en el presunto caso de corrupción.
Finalmente, el escándalo ha generado un profundo impacto en la opinión pública, planteando preguntas sobre la transparencia y la ética en el gobierno y en las organizaciones civiles.
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