El Diario Oficial de la Federación (DOF) ha publicado un decreto que introduce importantes modificaciones a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza en México. Esta reforma tiene como objetivo principal incluir los principios de «racionalidad» y «oportunidad» en el uso de la fuerza pública, además de eliminar el término «fuerza epiletal».

La finalidad de este cambio es garantizar una actuación más precisa y justa por parte de las fuerzas de seguridad. Lo anterior buscando salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, la seguridad y la paz pública.

Uno de los aspectos fundamentales que este decreto establece es el de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Se subraya la importancia de que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido. Esto implica que los agentes de seguridad deberán aplicar medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza.

La racionalidad es otro factor en el decreto. Se destaca la importancia de valorar el objetivo que se persigue y las circunstancias de la agresión. Así como las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad. En este sentido, se establece que el uso de la fuerza es necesario cuando existe un acto o intención hostil.

Además, el decreto señala la importancia de evitar cualquier actuación innecesaria cuando exista un evidente peligro o riesgo para la vida de personas ajenas a los hechos. Se buscará reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas. Al igual que sus bienes y, en general, la afectación de los derechos de las personas.

Estas modificaciones son un paso importante para garantizar un uso adecuado de la fuerza pública en México. Ahora, las autoridades estarán obligadas a actuar de manera proporcional, racional y asegurando la integridad de todas las partes involucradas. Este decreto busca promover una mayor confianza en las instituciones de seguridad y fomentar la protección de los derechos humanos en el país.

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