El papel limitado de los partidos de oposición en el Congreso de la Unión se ve reflejado no solo en las votaciones, sino también en su capacidad para presentar acciones de inconstitucionalidad.

En la Cámara de Diputados, el PRIAN no cuenta con el 33 por ciento de los legisladores necesarios, mientras que en el Senado apenas logran el mínimo requerido.

Estas cifras históricas muestran que los partidos políticos han sido los principales impulsores de estas acciones, con al menos 508 presentadas de 1996 a 2018. La oposición en el Congreso de la Unión se ve obstaculizada por su falta de representación legislativa, lo que limita su capacidad para frenar las reformas que Morena, con su mayoría aplastante, pretende llevar a cabo.

Los partidos del PRI, PAN y MC solo podrán manifestar su desacuerdo de manera testimonial y discursiva frente a estas reformas.

En la Cámara de Diputados, el PRIAN no alcanza el número de legisladores necesario para promover acciones de inconstitucionalidad. El Artículo 105 establece que se requiere el 33 por ciento de los diputados federales o senadores para presentar una acción de inconstitucionalidad.

«La Acción de Inconstitucionalidad es un mecanismos de control constitucional previsto en el Artículo 105 de la Constitución. Este recurso busca anular normas generales que contradigan la Constitución o tratados internacionales suscritos por México. Según el Portal del Sistema de Información Legislativa, se trata de un recurso exclusivo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar la contradicción entre la Constitución y nomas de menor jerarquía como leyes, reglamentos o decretos, con el fin de perseverar la supremacía de la Carta Magna»

En la Cámara de Diputados, el PRI tiene 35 diputados, el PAN tiene 72, MC cuenta con 27, el PRD con uno y hay un legislador independiente, sumando un total de 136 diputados, apenas un 27.2 por ciento del total.

En el Senado, la situación es ligeramente mejor, con un 33.59 por ciento de los legisladores opositores. Sin embargo, la nueva composición del Congreso, tras las elecciones de junio, ha favorecido a Morena y sus aliados, otorgándoles una amplia mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Esto ha dejado a la oposición con pocas posibilidades de influir en las decisiones legislativas desde el punto de vista parlamentario. Ante esta realidad, la oposición se ve obligada a buscar otras formas de oponerse a las reformas propuestas por Morena.

Además de los legisladores, otros actores tienen la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad, como los partidos políticos con registro ante el INE, el INAI, la CNDH y la Fiscalía General de la República, entre otros.

Estas instancias tienen la posibilidad de impugnar leyes a nivel federal y estatal, ampliando así las opciones de la oposición para ejercer su papel de contrapeso. A lo largo de los años, se han promovido diversas acciones de inconstitucionalidad, tanto por parte de legisladores como de otros actores garantes.

Estas acciones han sido fundamentales para detener reformas que podrían afectar los derechos y libertades en el país. Es importante que la oposición explore todas las vías disponibles para hacer valer su voz y proteger los intereses de los ciudadanos.

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