En un escenario de señales encontradas, el gobierno de los Estados Unidos ha formalizado una inversión de 23.4 millones de dólares destinados al fortalecimiento del Sistema de Justicia Laboral en México. Esta partida presupuestaria, operada a través de la Embajada estadounidense, busca erradicar prácticas que devalúan los salarios y garantizar las condiciones de equidad pactadas en el T-MEC.

Sin embargo, este respaldo institucional ocurre en medio de una creciente tensión política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes 13 de enero al tratado comercial como «irrelevante», asegurando que no ofrece ventajas reales para su país. Esta declaración se produce apenas a meses de que inicie la revisión formal del acuerdo, proceso que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha señalado como prioritario para concluir antes de la fecha límite del 1 de julio de 2026.

Pese a la postura de Trump, quien ha sugerido dejar que el tratado expire para buscar pactos independientes, la cooperación en otras áreas parece avanzar. El pasado 12 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo una conversación telefónica con el mandatario estadounidense para discutir avances en seguridad. Durante la llamada, Sheinbaum reportó una reducción del 50% en el tráfico de fentanilo hacia el norte y una caída del 43% en muertes relacionadas con esta sustancia, cifras que fueron reconocidas por el ejecutivo estadounidense.

Mientras el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha declarado que Canadá se encuentra lista para el análisis del tratado, en México la atención se centra en que la modernización productiva y la economía digital no deriven en precarización. La revisión de 2026 no solo evaluará el flujo de mercancías, sino que pondrá a prueba la capacidad de México para consolidar su reforma laboral bajo la presión de sus socios norteamericanos.

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