Siete excolaboradores del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, incluyendo cuatro exsecretarios de Finanzas, han decidido promover amparos luego de que un juez federal emitiera órdenes de aprehensión en su contra por su presunta participación en el delito de peculado. Esta noticia ha generado gran controversia en Veracruz y ha despertado el interés de la opinión pública.

Entre los exfuncionarios implicados se encuentran Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, quienes ocuparon el cargo de exsecretarios de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz (Sefiplan). Asimismo, Gabriel Deantes Ramos, exsubsecretario de Finanzas y Administración, así como José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, exsubdirectores de Operación Financiera de Veracruz, también enfrentan estas órdenes de aprehensión.

Se les acusa de transferir dinero sin autorización

Estos excolaboradores fueron señalados por las autoridades por haber transferido la cantidad de mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz, sin contar con la debida autorización para el manejo de los recursos públicos del programa denominado Fondo de Aportaciones Múltiples. Estos fondos estaban destinados a diferentes sectores como salud, infraestructura y seguridad, pero fueron utilizados para gastos no relacionados con su propósito original.

La decisión de estos exfuncionarios de promover amparos surge después de que el juez federal girara las órdenes de aprehensión en su contra el pasado 22 de octubre. Sin embargo, cada uno de ellos ha tomado diferentes caminos legales para protegerse de cualquier posible acción legal en su contra.

Buscan alternativas legales

Por ejemplo, Salvador Manzur Díaz, además de promover el amparo, ha solicitado ante el Juzgado Primero de Distrito con sede en Xalapa dejar sin efecto cualquier orden de citación, detención o aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público de la Federación. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna resolución al respecto.

Por otro lado, Fernando Charleston Hernández ha presentado un juicio de protección para evitar su media filiación, es decir, evitar ser fichado penalmente. Sin embargo, el tribunal al que se remitió el caso consideró que no era competente para resolverlo y lo transfirió a otro juzgado.

La situación de estos excolaboradores de Javier Duarte sigue sin resolverse, y aunque la presentación de amparos podría darles cierta protección legal, la opinión pública continúa exigiendo que se haga justicia y se esclarezcan los delitos cometidos durante el gobierno de Duarte en Veracruz.