La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de distrito con residencia en Xalapa libró orden de aprehensión contra siete exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, por su probable responsabilidad en el delito de peculado, por presuntamente participar en el desvío de más de mil millones de pesos del erario estatal.

Los exfuncionarios señalados son Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales y Fernando Charleston Hernández, quienes fueron titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en distintos periodos del gobierno de Duarte; Gabriel Deantes Ramos, exsubsecretario de Finanzas y Administración y también extitular de Trabajo; José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, exsubdirectores de Operación Financiera de Veracruz.

Según la carpeta de investigación integrada por la FGR, entre el 31 de enero y el 19 de diciembre del 2013, los acusados probablemente transfirieron de manera irregular mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas abiertas por la Sefiplan, concentración de recursos que carecían de autorización para el manejo de los recursos públicos del programa denominado Fondo de Aportación Múltiple.

La FGR cumplimentará las órdenes en las próximas horas

La FGR indicó que en las próximas horas cumplimentará las órdenes de captura contra los exservidores públicos, algunos de los cuales enfrentan otros procesos en libertad. Cabe recordar que el 23 de agosto del 2016, el juez segundo de distrito de Xalapa, Alejandro Quijano Álvarez, suspendió cualquier orden de privación de la libertad contra estos funcionarios, luego de que interpusieran demandas de amparo.

Asimismo, el 10 de octubre pasado un juez ordenó que se le cambiara la medida cautelar a prisión domiciliaria a Deantes Ramos, a pesar de que estaba sentenciado a seis años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito. Por su parte, Javier Duarte se encuentra recluido en el Reclusorio Norte desde el 2017, acusado por los delitos federales y estatales relacionados con lavado de dinero y desvío de recursos.

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