En un esfuerzo por evitar que las víctimas sean borradas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), las familias han tomado medidas legales y promovido amparos para preservar los datos de sus seres queridos. Según el Colectivo 10 de marzo A.C., al menos 120 personas han sido eliminadas del censo tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actualización de las cifras.

Delia Quiroa, portavoz del colectivo y abogada en busca de su hermano desaparecido desde 2014 en Reynosa, Tamaulipas, ha diseñado un formato para promover juicios de amparo individuales, argumentando que borrar los datos de las personas desaparecidas constituye una desaparición forzada.

«El presidente, en mi opinión, está cometiendo desaparición forzada porque, para mí, no tiene que ser materialmente privar a la persona de la libertad, sustraerla y negarse a dar información, se puede configurar también por desparecer información que nos ayude a localizar a las víctimas», explicó Quiroa.

Hasta el momento, se han presentado al menos 70 amparos por parte de las familias de las víctimas. Estos amparos han logrado obtener suspensiones para evitar que los desaparecidos sean borrados del registro nacional, incluyendo el caso de Roberto, el hermano de Quiroa.

La abogada aseguró tener conocimiento de al menos 120 casos de personas que han desaparecido del registro nacional y advirtió que esta cifra podría ser aún mayor.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, actualmente hay 113,847 personas desaparecidas y no localizadas registradas.

El 14 de diciembre, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que, tras una revisión, se habían localizado al menos 16,681 personas de los 110,964 casos registrados hasta agosto de este año.