La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, afirmó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca en diciembre pasado —que dejó 14 personas fallecidas y un centenar de heridos— no fue consecuencia de fallas en la infraestructura del proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un mensaje a medios, la fiscal explicó que tras una revisión técnica exhaustiva se confirmó que tanto la vía ferroviaria como las locomotoras cumplían con la normativa vigente en el punto del siniestro, ubicado en la Línea Z.

“Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma”, indicó.

Proceso penal contra conductor y despachador

Godoy Ramos detalló que el Ministerio Público acreditó la presunta responsabilidad por los delitos de homicidio y lesiones culposas del conductor Felipe de Jesús Díaz y del despachador Ricardo Mendoza, quienes permanecen como los únicos detenidos por el caso.

“Resultado de indagatorias, los ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho”, señaló.

Agregó que tras la audiencia inicial se obtuvieron autos de vinculación a proceso, además de órdenes de aprehensión y cateo derivadas de la investigación. Asimismo, informó que la empresa operadora del Tren Interoceánico, bajo responsabilidad de la Secretaría de Marina, otorgó el perdón a los detenidos únicamente por el delito de daños en bienes de la nación.

Reparación del daño y cierre de investigaciones

La fiscal explicó que varias víctimas optaron por mecanismos de justicia alternativa, lo que permitió la firma de acuerdos reparatorios para extinguir la acción penal en algunos casos. Según detalló, 145 personas —114 adultos y 31 menores de edad— recibieron de forma inmediata la reparación integral del daño.

También se descartó ejercer acción penal contra la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, luego de que auditorías y revisiones contractuales realizadas por autoridades anticorrupción no detectaran irregularidades que ameritaran sanciones.

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