Ciudad de México.- El periodista Carlos Loret de Mola, dio a conocer que en el caso de Genaro García Luna, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de arresto contra dos hermanos del exsecretario de Seguridad, quienes ya fallecieron.

En su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que los familiares del exfuncionario federal, incluyendo a su esposa Linda Cristina Pereyra, estaban supuestamente involucrados en una red de corrupción destinada a desviar fondos públicos.

No obstante, durante su programa de noticias en Latinus transmitido el miércoles 31 de mayo, Loret de Mola reveló que Humberto y Luz María García Luna fallecieron antes de que el juez otorgara las órdenes de arresto.

Según el comunicador, Humberto García Luna murió a causa de la pandemia de Covid-19, mientras que Luz María falleció a principios de mayo de este año debido a una enfermedad no especificada.

En este momento estamos revelando que están muertos dos hermanos de Genaro García Luna contra los que la FGR obtuvo órdenes de aprehensión. Uno murió hace dos años y otra a inicios de mes. #Loret en @latinus_us: https://t.co/i0SyqUrgFk

— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) June 1, 2023

Empleados de García Luna en el Gobierno de AMLO

El periodista también mencionó que entre los 61 individuos supuestamente implicados en la red de corrupción encabezada por García Luna, la cual tenía como objetivo saquear recursos públicos de la Secretaría de Seguridad y penales federales, se encuentran dos funcionarios del gobierno actual.

Uno de ellos es Antonio Molina Díaz, actual director general de Control y Verificación del Instituto Nacional de Migración (INM), vinculado a proceso por su presunta participación en el incendio ocurrido en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 40 personas.

El segundo funcionario supuestamente vinculado a la red de García Luna es Sergio Alberto Martínez Castuera, quien anteriormente se desempeñó como coordinador general de Centros Penales Federales y subrepresentante federal del INM.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), las actividades por las cuales se solicitaron las 61 órdenes de arresto se llevaron a cabo a través de 10 contratos ilícitos, acumulando un total de 5,112 millones de pesos.

Las personas mencionadas por la FGR enfrentan acusaciones de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

También se aclaró que este proceso penal es separado de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual se refiere a un presunto desvío de fondos millonarios en perjuicio de la Policía Federal.

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