El caso de la agresión contra la saxofonista María Elena Ríos ha generado indignación en todo México, y ahora, el fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que tanto los ministerios públicos como los peritos del Instituto de Ciencias Forenses cumplieron con su labor al recopilar y presentar las evidencias que señalaban al exdiputado Juan Vera Carrizal como el autor intelectual del ataque.

Sin embargo, acusó al juez encargado del caso de haber eliminado de manera «ilegal» pruebas cruciales que habrían permitido la excarcelación del imputado. Entre las más de 300 pruebas presentadas se encuentra un dictamen forense que confirma el uso de ácido sulfúrico contra María Elena.

Al igual que registros de llamadas telefónicas que vinculan a Vera Carrizal con los autores materiales del ataque. También se identificó un pago de 30 mil pesos a uno de los agresores, lo que califica el delito como tentativa de feminicidio con agravantes.

El fiscal señaló que durante la «mañanera» del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se exhibió el caso, y se cuestionó la actuación del juez, al señalar que las pruebas están basadas en ciencia forense y criminal y por ello deben ser tomados en cuenta y no desechados de forma irregular.

La resolución del juez generó rechazo por parte de la Fiscalía, diversas organizaciones y hasta del gobernador de Oaxaca. Ante esta situación, se presentó una apelación que fue aceptada por el Tribunal, dejando sin efecto la liberación de los implicados y permitiendo que se reinicie el juicio con una revisión exhaustiva de las pruebas.

Defensa de Vera Carrizal cuestiona la actuación judicial

La defensa del exdiputado ha levantado fuertes críticas ante esta decisión, afirmando que se trata de un acto político más que de justicia real. Los abogados Ernesto Pacheco Castellanos y Edgar López García han cuestionado la actuación del Tribunal, argumentando que la excarcelación previa de Vera Carrizal fue justa debido a la falta de pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía.

En este sentido, señalan que la Fiscalía no logró demostrar de manera concluyente el tipo de sustancia utilizada en el ataque, poniendo en duda la veracidad de los dictámenes forenses. La defensa de Vera Carrizal ha anunciado que seguirán luchando por la liberación de su cliente. Incluso han sumado más litigantes y el respaldo de diversas barras de abogados para continuar con su batalla legal.

Respaldado a María Elena

Por otro lado, Cinthya Almazán, abogada de María Elena Ríos, la víctima en este caso, se mostró satisfecha con la decisión del Tribunal de revocar la liberación de Vera Carrizal. Almazán expresó que, por primera vez, ve la posibilidad de que se haga justicia en favor de su cliente, confiando en que el próximo juicio sea imparcial gracias a la labor diligente de la Fiscalía en la presentación de pruebas.

En medio de esta situación, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar los ingresos y cuentas bancarias del juez José Gabriel Ramírez Montaño. Esta solicitud surge tras acusaciones de corrupción que señalan que el juez habría recibido sobornos para favorecer a Vera Carrizal en su liberación.

Organizaciones civiles también han denunciado públicamente que el juez Ramírez Montaño recibió 25 millones de pesos en sobornos, lo que ha generado indignación en la sociedad oaxaqueña y ha puesto en tela de juicio la integridad del sistema judicial en el estado.

También te puede interesar:

• Salomón Jara reitera apoyo a María Elena Ríos; acusa a juez “corrupto”