La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga un presunto desvío de más de 96 millones de pesos mediante un esquema de 459 altas irregulares en plazas docentes, en el que personas fueron registradas en la nómina estatal sin desempeñar funciones educativas.

Hasta el momento, 26 personas han sido vinculadas a proceso por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad, aunque esta medida no implica una sentencia de culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para que continúe la investigación.

Así habría operado la presunta red de «aviadores».

Las indagatorias iniciaron luego de que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detectó anomalías en la incorporación de personal al sistema educativo estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, el esquema consistía en reclutar familiares, amigos y personas cercanas para registrarlas como docentes, pese a que presuntamente nunca impartían clases ni acudían a los planteles asignados. Las autoridades también investigan cómo fueron autorizadas las altas y quiénes participaron en cada etapa del proceso administrativo.

Controlaban las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios.

Según la investigación, los operadores de la presunta red mantenían el control de las tarjetas bancarias donde se depositaban los sueldos.

Posteriormente, el dinero era retirado en efectivo y distribuido entre los involucrados. En algunos casos documentados, las personas registradas en la nómina habrían recibido únicamente una pequeña parte del salario, mientras que el resto era repartido entre los presuntos operadores del esquema.

Plazas fueron asignadas a escuelas sin actividad.

La Fiscalía señala que varias de las plazas fueron asignadas a planteles inactivos, lo que presuntamente facilitaba que la ausencia de los supuestos docentes pasara desapercibida.

Entre los municipios donde se detectaron irregularidades figuran Toluca, Metepec, Zinacantepec, Ecatepec, Texcoco, Naucalpan, Tejupilco, Luvianos, Zumpango y Amecameca.

Exfuncionarios y servidores públicos están bajo investigación.

Las investigaciones incluyen a exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares relacionados con distintas dependencias del Gobierno del Estado de México.

Entre los señalados se encuentran Óscar «N», exsubsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, y Sergio Andrés «N», exsubsecretario de Administración y Finanzas de la entonces Secretaría de Educación, además de directores, delegados administrativos y personal encargado de movimientos de nómina.

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