La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad el amparo que había dejado sin efecto la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Con esta decisión, la orden de captura podrá ejecutarse una vez que se notifique formalmente al juez de control correspondiente.

El Pleno determinó que eran suficientes y fundados los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual impugnó la resolución de la jueza que concedió el amparo al considerar que sustituyó indebidamente al juez de control al valorar datos de prueba que corresponden a otra etapa procesal.

Debate en el Pleno y alcances del fallo

La ministra ponente, Lenia Batres Guadarrama, planteó revocar la sentencia al señalar que el juzgado de Distrito aplicó un estándar probatorio más alto del requerido constitucionalmente para librar una orden de aprehensión.

“… basta la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la persona investigada lo cometió o participó en su comisión. En esta fase preliminar, no se exige prueba plena ni un análisis propio de etapas posteriores del proceso penal”, explicó.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa coincidió en revocar la sentencia, aunque expresó reservas sobre la metodología: “Me preocupa la propuesta que está sometida a consideración de este tribunal Pleno, pues coloca la Suprema Corte en una posición que no le corresponde dentro del diseño constitucional que debemos proteger”.

Antecedentes y acusaciones

La orden de aprehensión se reactivará cuando se emita el engrose y se notifique al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En el expediente se detalla que la FGR atribuye a Cabeza de Vaca y a otros implicados la presunta triangulación de recursos mediante empresas que habrían obtenido contratos públicos por más de 105 millones de pesos.

Asimismo, uno de los coimputados fue incluido desde 2008 en la lista de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones sospechosas.

Con esta resolución, la SCJN abre la puerta para que el proceso penal continúe y se determine la situación jurídica del exmandatario tamaulipeco.

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