El Gobierno de la Ciudad de México ha propuesto una iniciativa de reforma para penalizar la corrupción inmobiliaria mediante la inclusión de un nuevo delito en el Código Penal de la capital.

La propuesta contempla sanciones de 10 a 20 años de prisión, incrementándose en un 50% si el funcionario público implicado obtiene beneficios económicos.

El proyecto busca combatir la corrupción inmobiliaria que ha experimentado un crecimiento, según el jefe de Gobierno, Martí Batres. Se acusa a la Alcaldía Benito Juárez de defender empresas que buscaban construir inmuebles fuera de las normas permitidas.

La reforma, que añade el capítulo «corrupción inmobiliaria», ha sido bien recibida por el jefe de Gobierno, quien afirma que ayudará a combatir esta problemática.

Se destaca que la corrupción inmobiliaria ha provocado un crecimiento indebido en los niveles permitidos y acusa a altos funcionarios de enriquecimiento ilícito mediante permisos indebidos.

La iniciativa tiene como objetivo disuadir la formación de organizaciones similares al llamado «Cártel Inmobiliario», combatir eficazmente la corrupción y transformar la política inmobiliaria para asegurar el derecho fundamental a la vivienda.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, señala que la legislación busca ser eficaz en la lucha contra la corrupción inmobiliaria y contribuir a cambiar el paradigma de la vivienda como objeto de especulación financiera.

Martí Batres y Ricardo Ruiz atribuyen la lucha contra la corrupción inmobiliaria a la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, cuya ratificación fue rechazada esta semana. Godoy, quien investigó el llamado «Cártel Inmobiliario», fue relacionada por algunos morenistas con una supuesta «venganza» de la oposición por su trabajo en la Fiscalía.

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