La familia Weinberg, socios empresariales del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, alcanzó un acuerdo reparatorio con el gobierno mexicano, según documentos oficiales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó a la Corte del condado de Miami-Dade retirar sin perjuicio los cargos interpuestos en septiembre de 2023 contra los empresarios.

Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Sylvia Donna Pinto De Weinberg, así como sus empresas, fueron señalados por fraude, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las compañías involucradas son Nunvav, Inc., Nunvav Technologies, Inc. y Gull Holding Enterprises, todas vinculadas a esquemas para desviar fondos públicos durante el sexenio de Felipe Calderón.

La solicitud de desestimación fue presentada conjuntamente por la UIF y los Weinberg el 23 de mayo, tras concluirse un Acuerdo Confidencial Reparatorio entre ambas partes. Aunque el acuerdo permanece bajo reserva, se estima que incluye el pago de millones de dólares para resarcir los daños al erario mexicano cometidos entre 2006 y 2012.

La jueza Lisa Walsh deberá emitir una resolución final que formalice la desestimación y mantenga la jurisdicción para garantizar el cumplimiento del acuerdo pactado. La UIF presentó originalmente la demanda en 2021, junto con otras acciones legales contra García Luna, su esposa Linda Pereyra y una red de cómplices empresariales.

Empresas fachada

Según la demanda, los involucrados crearon empresas fachada para desviar recursos públicos y posteriormente blanquear el dinero mediante compras de bienes inmuebles y artículos de lujo. El gobierno mexicano estimó que el daño económico causado ascendía a más de 250 millones de dólares, monto solicitado como reparación desde el inicio del litigio.

Los Weinberg eran considerados piezas clave en la estructura financiera que permitió el desvío de fondos hacia García Luna mientras ocupaba altos cargos en seguridad nacional. Por su parte, el exfuncionario y su esposa fueron sentenciados a pagar más de 2 mil 400 millones de dólares tras no responder legalmente a la demanda.

García Luna cumple además una condena de casi 39 años en Estados Unidos por vínculos comprobados con el Cártel de Sinaloa y corrupción institucional. Este nuevo acuerdo representa un paso más en el proceso de justicia internacional que el gobierno mexicano emprendió contra funcionarios y empresarios vinculados al crimen organizado.

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