Dan nueva ampliación a García Luna para apelar sentencia por narcotráfico
23/05/2025 - Hace 6 horas en InternacionalDan nueva ampliación a García Luna para apelar sentencia por narcotráfico

Un Tribunal Federal en Nueva York otorgó una nueva prórroga a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, para presentar documentos de apelación. La ampliación del plazo se concedió el 23 de mayo, según documentos oficiales.
La fecha límite se fijó para el 19 de septiembre. Es la segunda extensión otorgada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en respuesta a una solicitud presentada por el equipo legal del exfuncionario mexicano.
Falta de comunicación
Los abogados argumentaron dificultades significativas en la preparación del recurso, debido a la falta de comunicación con su cliente desde enero de este año. Valerie A. Gotlib, integrante de la defensa, informó en una moción que han intentado comunicarse con García Luna en al menos 12 ocasiones sin éxito.
García Luna permanece recluido en la Penitenciaría Lee, en Virginia, donde las autoridades han bloqueado todos los intentos telefónicos de la defensa, según denuncian. Gotlib afirmó que nunca había enfrentado tales obstáculos de comunicación en casos de apelación previos ante este mismo Tribunal Federal en Estados Unidos.
El exsecretario fue condenado en noviembre de 2023 a 38 años de prisión por facilitar actividades del Cártel de Sinaloa, incluyendo tráfico de drogas a EE.UU. La defensa sostiene que el juicio y la sentencia impuesta por el juez Brian Cogan deben ser anulados por basarse en pruebas y testimonios supuestamente falsos.
Aseguran que existen documentos que contradicen la narrativa presentada por los testigos de la fiscalía, y buscan incluirlos en su apelación formal ante la Corte. Este proceso penal es independiente del juicio civil en Florida, donde García Luna y su esposa fueron condenados a pagar 2,500 millones de dólares.
Dicha demanda fue interpuesta por el gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por presunto enriquecimiento ilícito con recursos públicos. Ambos casos evidencian la complejidad judicial que rodea al exfuncionario, considerado una figura clave en la política de seguridad mexicana durante el sexenio de Calderón.