Ante posibles amenazas contra la integridad del boxeador Julio César Chávez Jr., el Gobierno federal solicitó formalmente que su próxima audiencia judicial se lleve a cabo por videoconferencia, evitando así su traslado al Poder Judicial de la Federación en Hermosillo, Sonora. La medida fue propuesta como precaución, dadas las condiciones de seguridad en la región.

Chávez Jr., de 39 años, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, una prisión de máxima seguridad ubicada en una zona desértica a las afueras de Hermosillo. El boxeador fue deportado a México el pasado lunes 18 de agosto, tras ser detenido en Estados Unidos por ingreso ilegal y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Según el documento oficial enviado al juez de Control Enrique Hernández Miranda, la directora del penal argumentó que el traslado del acusado representa un riesgo tanto para él como para el personal de seguridad. Por ello, se solicitó que la audiencia prevista para el sábado 23 de agosto a las 17:00 horas se realice dentro del penal, utilizando el sistema de videoconferencia habilitado en la unidad administrativa.

“Por medida de seguridad e integridad física del mismo (Chávez Jr.) y del personal que lleve a cabo el traslado”, se justifica en el escrito.

El trayecto desde el penal hasta la sede judicial, de más de 40 kilómetros, atraviesa zonas donde operan varias facciones del Cártel de Sinaloa, actualmente enfrentadas entre sí. Entre ellas, destacan grupos como “La Chapiza”, “Los Salazar” y “Los Matasalas”, que han protagonizado disputas armadas que han dejado más de 200 muertos en la región durante el último año.

Chávez Jr., hijo del campeón mundial Julio César Chávez, fue arrestado en Estados Unidos el pasado 2 de julio, poco después de perder una pelea ante el youtuber y boxeador Jake Paul en Anaheim. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que desde 2023 existía una orden de aprehensión en su contra en México, por delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de armas.

Aunque el púgil ha enfrentado controversias fuera del ring en el pasado, esta es la primera vez que se le vincula formalmente con actividades delictivas de alto impacto. Por ahora, su defensa no ha emitido declaraciones públicas.

La petición del Gobierno refleja el ambiente de inseguridad que persiste en Sonora, especialmente en áreas de influencia de grupos criminales, y pone en relieve los retos que enfrentan las autoridades para garantizar procesos judiciales seguros en casos de alto perfil.

@ERO__Phoenix Special Response Team, with support from @EROglobal, removed Julio Cesar Chavez, a Mexican fugitive wanted for weapons trafficking, Aug. 18, 2025. ICE Phoenix remains committed to removing those who pose public safety risks. Learn more: https://t.co/q99ehr0oXJ pic.twitter.com/Z1d38cqYIY

— ERO Phoenix (@ERO__Phoenix) August 21, 2025

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