La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un golpe legal contundente contra Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. En una decisión que marca un hito en la relación entre el Ejecutivo estatal y el Poder Judicial, la SCJN ordenó a García entregar la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) a la Fiscalía del Estado.

Antecedentes del conflicto con Samuel García por la UIFE

Este conflicto tiene su origen en la decisión del Congreso Local de transferir la UIFE a la Fiscalía de Nuevo León como un organismo autónomo, independiente del control del Ejecutivo estatal. Sin embargo, Samuel García ha resistido este cambio, alegando que la Fiscalía está bajo la influencia del PRI y PAN.

La SCJN ha ordenado a Samuel García emitir un decreto oficializando el traspaso de la UIFE a la Fiscalía Estatal. Este decreto debe ser publicado en el Periódico Oficial del Estado, y el plazo otorgado es de 15 días hábiles, hasta el 15 de febrero. En caso de incumplimiento, el gobernador podría enfrentar consecuencias legales.

Es importante señalar que esta no es la primera vez que la SCJN emite una orden en este sentido. Anteriormente, la Corte ya había instado a García a emitir el decreto, pero el gobernador vetó la resolución. Esta segunda orden refuerza la determinación de la SCJN en este asunto y destaca la urgencia de una resolución definitiva.

¿Qué hará Samuel García ante la resolución de la SCJN?

Ante la orden de la SCJN, el gobierno de Nuevo León anunció su intención de interponer una controversia constitucional. Argumentaron que esta decisión representa una invasión de facultades del Legislativo en los asuntos del Ejecutivo estatal. La controversia constitucional buscará que la SCJN resuelva sobre el Decreto 196 aprobado desde junio de 2022.

Según fuentes del Gobierno de Nuevo León, el decreto relacionado con la UIFE será publicado en el Diario Oficial del Estado, pero inmediatamente será impugnado. Este movimiento sugiere que el conflicto está lejos de resolverse y podría prolongarse con acciones legales adicionales.

El consultor legal del Congreso, Ricardo Tamiz, advirtió que si Samuel García no cumple con la publicación del Decreto 196 en el plazo establecido, la Presidenta de la Corte podría emitir un ultimátum de 48 horas. En caso de no respuesta, la Corte tendría la facultad de separar al gobernador de su cargo y consignarlo ante un juez.

Este enfrentamiento entre la SCJN y Samuel García refleja una lucha de poderes y una resistencia por parte del gobernador ante cambios estructurales. La decisión de la Corte pone de manifiesto la importancia de la autonomía de los órganos judiciales y destaca el desafío que representa para García ceder el control de la UIFE.

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