El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) ha establecido que el procedimiento de revocación de mandato contra el gobernador Rubén Rocha Moya es improcedente, lo que significa que no habrá consulta ciudadana que evalúe su permanencia en el cargo.

El IEES recibió tres solicitudes ciudadanas para llevar a cabo este proceso de revocación, luego de que un grupo de ciudadanos se acercara al instituto en busca de información al respecto desde el pasado 24 de octubre.

Sin embargo, los consejeros del IEES consideraron que las solicitudes no cumplen con los requisitos necesarios, ya que la Ley de Revocación de Mandato fue promulgada después de que Rocha Moya asumiera el cargo de gobernador en junio de 2021.

En este sentido, los consejeros del IEES argumentaron que la ley en cuestión solo es aplicable a quien resulte electo como gobernador en el próximo proceso electoral de 2027.

A pesar de que algunos consejeros manifestaron su interés en realizar una consulta ciudadana para evaluar la gestión de Rocha Moya, la normativa vigente no permite su aplicación en este caso específico.

Es importante mencionar que el antecedente de Chihuahua, donde también se intentó llevar a cabo un proceso de revocación de mandato contra el gobernador, fue desestimado por razones similares. La ley que regula este procedimiento se implementó en dicha entidad después de que el mandatario asumiera el cargo, lo que invalidó la posibilidad de llevar a cabo la revocación.

La revocación de mandato fue una propuesta impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue sometido a esta consulta en 2022 y logró mantenerse en su cargo como titular del Poder Ejecutivo Federal.

A pesar de la polémica que ha generado en diversos sectores de la sociedad, la decisión del IEES en el caso de Rubén Rocha Moya parece estar sustentada en argumentos legales que limitan la aplicación de la ley en este momento.

El gobernador de Sinaloa continuará en su cargo sin la posibilidad de enfrentar una consulta ciudadana para evaluar su gestión, al menos hasta el próximo proceso electoral en 2027.

Esta decisión refleja las limitaciones legales y normativas que rigen el procedimiento de revocación de mandato en el estado, generando opiniones encontradas entre la población y los actores políticos involucrados en este caso.

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