El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se encuentran en la lista negra de Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad (MUCI) debido a los altos montos entregados por concepto de adjudicaciones directas durante el año pasado. Esta información fue revelada en el informe titulado «Los contratos de la 4T en 2023: Austeridad en la Transparencia y la ‘Licencia para no licitar’», presentado por MUCI.
Durante 2023, el IMSS otorgó 97 mil millones de pesos por concepto de adjudicaciones directas, convirtiéndose así en la institución que más dinero entregó mediante este tipo de contrataciones. Por su parte, el ISSSTE entregó 33 mil millones de pesos en contratos sin licitación, consolidándose como la segunda dependencia con mayores montos otorgados. Además, Diconsa también lidera la lista de adjudicaciones sin licitación con 13 mil millones de pesos, según el informe de MUCI.
La destacada organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad ha identificado que el otorgamiento de contratos directos por parte del gobierno representa un riesgo significativo de corrupción. El informe señala que los contratos gubernamentales son el área con mayores riesgos para la corrupción y continúan presentándose irregularidades e ilegalidades graves en este ámbito.
El estudio también alerta sobre el aumento de los límites legales de los montos para las adjudicaciones, permitiendo al gobierno otorgar contratos por cantidades superiores, ya sea directos o por licitación. Además, MUCI denuncia que en el portal de CompraNet, uno de cada cuatro pesos gastados en contratos se encuentran mal clasificados y que en más de 500 casos no hay información disponible sobre el proceso de contratación.
Un dato preocupante revelado por Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad es que en 526 contratos no se encuentra disponible ningún documento del proceso de contratación, y estos contratos ascienden a más de 1,708 millones de pesos. Se destaca el caso del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que obtuvo un incremento del 30 por ciento en sus contratos, alcanzando un total de 107, pero no hay información disponible sobre ninguno de ellos. Otro ejemplo es Birmex, que recibió más de 840 millones de pesos para adquisiciones de vacunas, pero no se cuenta con información sobre las adjudicaciones.
Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad asegura que el gobierno no justificó por qué otorgó contratos sin licitación en más de 8,600 casos, ocasionando huecos de información en el gasto de más de 116,000 millones de pesos. La organización también subraya que a medida que se ha incrementado la opacidad en los contratos otorgados, el gobierno se ha permitido una especie de «licencia para no licitar» en un grupo de contratos que anteriormente no hubiera podido adjudicar directamente. Esta situación ha generado graves retrocesos en la transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno.