INAI desaparece: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume funciones
09/05/2025 - Hace 5 horas en MéxicoINAI desaparece: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume funciones
Este viernes 9 de mayo se concretó oficialmente la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En un acto formal, se llevó a cabo la entrega-recepción de funciones entre los excomisionados del INAI y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
La transferencia se da tras la reciente aprobación de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, que también suprime otros seis organismos autónomos federales. Las comisionadas Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román firmaron las actas individuales junto con el expresidente comisionado Adrián Alcalá Méndez.
También se firmó un acta institucional que formaliza el proceso de transferencia de funciones, responsabilidades y documentación oficial del ya extinto INAI. La nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, será la encargada de los temas de transparencia y protección de datos personales.
Rendición de cuentas y privacidad
Durante el acto de entrega, Buenrostro aseguró que la transición se realizó conforme a los plazos establecidos, de manera ordenada y sin contratiempos operativos. En un comunicado oficial, la Secretaría aseguró que el cambio busca hacer más eficiente la labor pública en temas de rendición de cuentas y privacidad.
“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asume con responsabilidad las funciones de autoridad garante que le son transferidas del INAI, bajo la premisa de que la transparencia y la protección de datos personales no desaparecen, sino que se fortalecen", aseguró.
La extinción del INAI ha generado reacciones encontradas en sectores ciudadanos y académicos que consideran preocupante la desaparición de organismos autónomos. Otros sectores consideran que la fusión puede significar mayor eficiencia y reducción del gasto público en tiempos de austeridad gubernamental.
Con esta acción, el Gobierno federal afirma buscar un modelo administrativo más simple, centralizado y funcional, sin comprometer derechos ni procesos democráticos fundamentales.
