El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones de pesos para la realización de la elección judicial.
Sin embargo, las consejerías señalaron que la organización de este proceso sigue pausada debido a las suspensiones concedidas por jueces.
Ante la falta de certeza jurídica y la resolución de una acción de inconstitucionalidad que se discutirá próximamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tomó la decisión de emitir un presupuesto de forma precautoria que podrá ser modificado según la resolución que se emita.
El presupuesto estimado por el INE asciende a 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, una cifra considerablemente mayor a lo destinado para la elección federal de 2024, que rondó los 8 mil millones de pesos.
Por otro lado, el Consejo General del INE también aprobó su presupuesto base y cartera institucional de proyectos para el año 2025, el cual asciende a la cantidad de 15 mil 295 millones 882 mil 494 pesos, sin incluir las prerrogativas de los partidos políticos.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, indicó que la proyección del presupuesto se realizó con base en los análisis previos, antes de recibir las suspensiones dictadas por los jueces.
Según Taddei, el costo estimado tiene en consideración aspectos como la adquisición de material para instalar las casillas y proporcionar las boletas necesarias para los votantes.
En referencia a las suspensiones dictadas por los juzgados, la consejera Claudia Zavala mencionó que si se presenta algún cambio o modificación, el INE deberá ajustar su presupuesto de manera oportuna.
El diputado Sergio Gutiérrez Luna, en representación de Morena, exhortó a buscar alternativas para hacer más económico el proceso electoral, sin sacrificar su calidad y confiabilidad.
Por su parte, el diputado del PAN, Víctor Hugo Sondón, instó a las consejerías a defender la autonomía de manera firme y responsable.
Finalmente, Emilio Suárez Licona, del PRI, criticó el gasto del presupuesto en la reforma judicial, señalando que equivale a recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes como hospitales, tratamientos médicos y educación.
