El Instituto Nacional Electoral (INE) impondrá sanciones económicas a más de un centenar de personas candidatas que resultaron electas en la pasada Elección Judicial del 1 de junio, tras documentarse su promoción mediante “acordeones”, guías de votación distribuidas de forma irregular en las inmediaciones de las casillas. Sin embargo, el organismo electoral determinó no anular los resultados ni retirar los triunfos.

De acuerdo con el proyecto de resolución que será sometido a votación este lunes en el Consejo General del INE, se identificaron 336 materiales de este tipo vinculados a campañas específicas, lo que derivó en la propuesta de multas por un total aproximado de 21 millones de pesos.

Distribución de las sanciones

Las sanciones se aplicarán a 121 personas candidatas que resultaron favorecidas en tres órganos del Poder Judicial:

1. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): 291,055 pesos
2. Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): 493,740 pesos
3. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 106,576 pesos

Entre quienes recibirán las multas más elevadas figuran varias personas electas para integrar la SCJN:

1. Loretta Ortiz Ahlf: 127,270 pesos
2. Yasmín Esquivel Mossa: 95,490 pesos
3. Sara Herrerías: 69,015 pesos
4. Estela Ríos: 62,905 pesos
5. Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Corte: 39,712 pesos

Los montos deberán ser pagados directamente por las personas sancionadas, según establece el proyecto del INE.

No habrá anulación de resultados

Pese a que el INE reconoció que el uso de estos “acordeones” comprometió la equidad del proceso electoral, concluyó que no existen elementos suficientes para invalidar los resultados ni modificar la integración de los órganos judiciales.

Los materiales en cuestión consistían en hojas impresas con recomendaciones de voto, presuntamente distribuidas por organizaciones sociales y grupos de apoyo en las cercanías de los centros de votación.

Próximos pasos

El Consejo General del INE deliberará y votará este lunes el proyecto de sanción. En caso de aprobación, las multas deberán cubrirse en un plazo determinado y no afectarán el ejercicio de las funciones de las personas ya electas.

Con esta medida, el instituto busca enviar un mensaje de firmeza frente a prácticas que, si bien no anulan por sí solas una elección, atentan contra la legalidad y transparencia del proceso democrático.

También te puede interesar:

1. Mujer abandona a su bebé para ir a beber con su pareja