El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá un proyecto en el que propone rechazar la propuesta del PAN, que solicitó por segunda vez que Francisco García Cabeza de Vaca sea candidato a diputado federal, por la vía plurinominal.
La solicitud del PAN se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que Cabeza de Vaca no cumple con los requisitos necesarios para ser candidato, ya que se encuentra prófugo de la justicia.
Inicialmente, el PAN propuso a Homero Alonso Flores como sustituto de Cabeza de Vaca, pero Flores presentó su renuncia a la postulación. Ante esta situación, el partido decidió presentar nuevamente la candidatura de Cabeza de Vaca, argumentando que cuentan con una suspensión definitiva otorgada por un juez.
Sin embargo, el INE ha señalado que el TEPJF ha resuelto de manera definitiva que Cabeza de Vaca se encuentra prófugo de la justicia y que su registro como candidato ha sido revocado. Por tanto, el INE no permitirá que el PAN postule a Cabeza de Vaca como candidato a diputado, y ha instado al partido a presentar a otra persona para ocupar esa candidatura.
Exgobernador de Tamaulipas obtiene suspensiones definitivas
Cabe mencionar que el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, logró obtener dos suspensiones definitivas que le permiten continuar en la contienda electoral. La decisión de un juez de distrito en materia de amparo ha determinado que Cabeza de Vaca no puede ser privado de su libertad y que conserva todos sus derechos políticos-electorales intactos.
La primera suspensión otorgada garantiza que el exgobernador no sea arrestado y que sus derechos políticos no sean suspendidos. Lo que le habilita para seguir compitiendo por un puesto en la Cámara de Diputados. Además, el juez ha dejado claro que Cabeza de Vaca no es considerado prófugo de la justicia, lo que le permite participar en el proceso electoral de manera regular.
A través de un comunicado difundido por uno de sus abogados en redes sociales, se enfatiza que cualquier acción de las autoridades electorales que intente limitar su derecho a contender por una diputación sería una violación directa a esta suspensión definitiva, lo cual constituiría un delito de acuerdo a la Ley de Amparo.
