El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podría recuperar su libertad la próxima semana, luego de permanecer casi nueve años preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

La jueza Ángela Zamorano Herrera, encargada de la ejecución de sanciones, programó una audiencia para el 12 de noviembre, en la que resolverá la petición de preliberación del exmandatario veracruzano.

La solicitud fue presentada desde diciembre de 2024, y la defensa de Duarte asegura que ya cumplió con el 95 por ciento de su condena por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Duarte alega buena conducta y cumplimiento de sentencia

El 26 de septiembre de 2018, Javier Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos mencionados, en un proceso abreviado ante la justicia federal.

Funcionarios judiciales indicaron que la defensa del exgobernador argumentó que su cliente mantiene una conducta ejemplar dentro del penal y carece de procesos penales vigentes en su contra.

De acuerdo con sus abogados, los tres expedientes que enfrentaba en Veracruz fueron sobreseídos o anulados, incluyendo el caso por desaparición forzada, que fue cerrado en noviembre de 2024.

En caso de que la jueza niegue la libertad anticipada, el exmandatario abandonaría el reclusorio hasta abril de 2026, cuando cumpla completamente su sentencia impuesta por la justicia mexicana.

El caso por desaparición forzada fue sobreseído en 2024

En noviembre de 2024, un juez de Veracruz absorbió a Javier Duarte del proceso penal por desaparición forzada, relacionado con la muerte del policía David Lara Cruz en 2016.

El agente desapareció tras acudir a una evaluación de Control de Confianza en la academia policial estatal y posteriormente fue hallado muerto en la Barranca de La Aurora, en Emiliano Zapata.

Durante las investigaciones, la Fiscalía de Veracruz señaló que funcionarios de la administración duartista ocultaron información sobre la cantidad de cuerpos encontrados en el lugar.

Inicialmente se reportaron 22 cadáveres, cifra que se redujo posteriormente a 19 y finalmente a seis, mientras colectivos exigían justicia para las víctimas de desaparición forzada.

El exgobernador fue detenido en Guatemala el 15 de abril de 2017 y extraditado a México el 17 de julio del mismo año, enfrentando desde entonces su condena en prisión.

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