Un juez federal ha detenido la entrada en vigor de la reforma que extinguió 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), que representan un monto de 15 mil millones de pesos.

El juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, emitió una orden para posponer temporalmente la transferencia de estos recursos desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Tesorería de la Federación (Tesofe).

También, al conceder una suspensión provisional contra la reforma, el juez especificó que estas entidades no pueden disponer de los fondos contenidos en los fideicomisos del Poder Judicial.

Cabe mencionar que la solicitud de amparo fue presentada por María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo de Chihuahua, en contra del decreto que extinguía los fideicomisos.

Además, el juez Luévano dictaminó que los fideicomisos deben seguir operando de manera regular y para los fines para los que se crearon. También instruyó a las entidades fiduciarias, como el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., institución de banca de desarrollo, y Nacional Financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo, a que no efectúen transferencias de los recursos de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, sus remanentes, productos y beneficios a la Tesofe o cualquier otra autoridad.

Esta medida estará en vigor, al menos, hasta el próximo 9 de noviembre, fecha en la que se llevará a cabo una audiencia incidental en la que se decidirá si se otorga o no una suspensión definitiva.

Siguen los roces entre el Poder Ejecutivo y el Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso destinar los fondos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para brindar apoyo a los afectados en el estado de Guerrero debido al paso del huracán Otis.

Horas más tarde, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, expresó su disposición a entablar conversaciones con el Ejecutivo federal sobre la manera en que se asignarán estos recursos para dicho propósito.

Es importante destacar que la suspensión otorgada por el juez no obstaculiza la capacidad de la ministra presidenta para llevar a cabo este tipo de negociaciones.

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