Tras 28 horas de audiencia, un juez en Nuevo León dictaminó que existían suficientes pruebas para llevar a juicio a Verónica Janeth, Dulce Reyna, Nirvana Irlanda, Catherine Alexa, Myrna Olivia, Gerardo Rómulo, Esaú Jonathan, Francisco Gerardo, Maycol Leobardo, Jorge Luis, Miguel Ángel, Hiram Eliud, Julio César y Carlos Antonio. Como medida cautelar, se les impuso arraigo domiciliario.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Nuevo León, estos individuos formaban parte del grupo que ingresó al recinto legislativo mientras se llevaba a cabo la sesión para decidir sobre el nombramiento del gobernador interino.

En medio de tensiones, disturbios y confrontaciones, donde algunos manifestantes estaban encapuchados, la oposición finalmente logró designar a Luis Enrique Orozco Suárez, quien ocupaba el cargo de vicefiscal del ministerio público. Durante el suceso, los manifestantes coreaban consignas como “¡fuera el PRIAN!”, “¡corruptos!” y “¡vendidos!”, buscando presionar a los legisladores para impedir la designación.

A pesar de que inicialmente estaban en la zona de invitados, exigieron más espacio para seguir el debate y expresar sus demandas, negándose a trasladarse a un salón alternativo y concentrándose en la entrada del salón de plenos.

A pesar del caos y la resistencia de los manifestantes, los legisladores continuaron con la sesión, incluso cuando algunas personas se subieron a la tribuna para interrumpir y gritar consignas. Incluso se reportó el uso de gas en el recinto por parte de los manifestantes, lo que generó un ambiente tenso y confuso.

La resistencia del presidente del Congreso de Nuevo León

El presidente del Congreso, Mauro Guerra Villarreal, se mantuvo firme en no suspender la sesión a pesar de la presión y los disturbios, acusando a Samuel García y a la “nueva política” de ser responsables de la situación.

Incluso cuando los ánimos se caldearon y las personas intentaron arrebatar el micrófono a los legisladores, Guerra Villarreal se mantuvo en su postura de continuar con el debate.

Esta decisión del juez de vincular a proceso a las 14 personas involucradas en la irrupción en el Congreso de Nuevo León en 2023 marca un importante paso en el proceso legal que busca esclarecer los hechos ocurridos durante aquel día tumultuoso.

El arraigo domiciliario impuesto como medida cautelar refuerza la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de garantizar el desarrollo adecuado del proceso judicial.

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