La lucha por el uso del dinero de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán Otis ha dado un giro significativo. Una jueza federal emitió una orden en la que prohíbe temporalmente que se utilicen los 15 mil 800 millones de pesos destinados a la recuperación de la ciudad.

La Jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa, Elizabeth Trejo Galán, concedió la suspensión provisional para evitar que los recursos de los fideicomisos se utilicen en detrimento de los derechos adquiridos de los miembros del Poder Judicial en materia de trabajo y seguridad social. Esta decisión impide continuar las negociaciones con el Poder Ejecutivo para destinar el dinero a los damnificados por el huracán.

La juzgadora argumentó que la reforma legal aprobada por Morena y sus aliados no especifica claramente el destino de los fondos, lo que genera dudas sobre su uso. Por lo tanto, consideró que esta suspensión no afecta el interés público.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) fue la principal impulsora de este amparo, ya que se ven directamente afectados por la desaparición de los fideicomisos. Al respecto, la Jueza Trejo resolverá el 14 de noviembre si concede la suspensión definitiva, lo que congelaría el dinero de los fideicomisos por tiempo indefinido.

JUFED impugnará el Presupuesto 2024 y recurrirá a instancias internacionales

Froylán Muñoz Alvarado, director nacional de la JUFED, afirmó que el destino de los recursos debe ser determinado por medio de una sentencia constitucional, en lugar de acuerdos políticos. Además, aseguró que la JUFED está evaluando la posibilidad de presentar otro juicio de amparo contra el decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2024. Esto se debe a que los ajustes presupuestales realizados por la Cámara de Diputados están poniendo en riesgo la autonomía financiera e independencia del Poder Judicial.

Asimismo, Muñoz Alvarado anunció que la JUFED ya inició gestiones ante organismos internacionales, con el fin de proteger los derechos que derivan de los principios que establecen la no intromisión, dependencia o subordinación entre los poderes de un estado democrático de derecho.

En resumen, la jueza dictó una orden provisional que prohíbe utilizar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco. Esta decisión es un revés para el Poder Ejecutivo y abre un nuevo capítulo en la disputa por el destino de estos fondos. La situación se resolverá el próximo 14 de noviembre, cuando la Jueza Trejo decida si concede la suspensión definitiva.

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