Tras el anuncio del Gobierno mexicano de otorgar asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Las autoridades ecuatorianas han reaccionado, calificando el asilo concedido por López Obrador como “ilícito”.

Tras la expulsión de la embajadora mexicana en Quito, Raquel Serur, la administración de Daniel Noboa ha enfatizado que no proporcionará el salvoconducto que permitiría a Glas viajar a México. Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador menciona tratados internacionales que, según ellos, obligarían a México a entregar a Glas a las autoridades ecuatorianas.

Ecuador reafirma su lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, comprometiéndose a actuar conforme al derecho internacional y las disposiciones de la Corte Nacional de Justicia. Se subraya el respeto al derecho internacional y que no se persigue a individuos por raza, religión o ideología política.

Ecuador: Declaraciones y medidas diplomáticas

Frente a la decisión de México de brindar asilo a Glas, Ecuador ha manifestado su inquietud por la aparente indiferencia hacia los tratados internacionales contra la corrupción. En respuesta, el Gobierno de Noboa declara que el asilo diplomático otorgado a Glas no es válido y, por ende, no se facilitará su salida del país.

Por otro lado, la administración de López Obrador ha notificado oficialmente a Ecuador su decisión de asilar a Glas, solicitando el salvoconducto correspondiente. Esta medida se basa en un análisis detallado y el cumplimiento de la Convención de Asilo Diplomático de 1954.

En el contexto de esta disputa diplomática, Ecuador ha declarado ‘persona non grata’ a la embajadora mexicana, Raquel Serur, y le ha instruido regresar a México para proteger su seguridad. La embajada de México en Quito quedará a cargo de Roberto Canseco, quien seguirá con las operaciones habituales.

México ha condenado el acoso de las fuerzas policiales ecuatorianas fuera de su embajada en Quito, alegando que esto infringe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Ha instado a Ecuador a respetar la soberanía, el derecho de asilo y a cumplir con sus obligaciones internacionales, responsabilizándolo de cualquier daño a su sede diplomática.

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