La ponencia de la ministra Lenia Batres fue la encargada de dar a conocer esta decisión tomada en la sesión privada de este lunes.

La propuesta de la ministra Batres, oficializada desde el viernes pasado a través de un oficio dirigido a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Máximo Tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), buscaba asegurar que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la función jurisdiccional y evitar que el paro de labores continuara afectando el derecho de acceso a la justicia.

Sin embargo, la petición fue rechazada por mayoría de nueve votos, siendo únicamente las ministras Batres y Yasmín Esquivel Mossa las que se manifestaron a favor.

En el oficio dirigido al CJF, la ministra Batres dejó claro que la única organización que ha impulsado este paro es una asociación civil, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), que no tiene la personalidad jurídica para promover una suspensión de labores que afecte a uno de los tres Poderes de la Unión.

La ministra también enfatizó que no se puede anteponer el interés económico de los funcionarios judiciales sobre el bienestar de toda la sociedad, poniendo en riesgo la confianza y credibilidad en el Poder Judicial. Es fundamental asegurar que todos los ciudadanos tengan un acceso igualitario a la justicia, y que las disputas laborales no obstaculicen este importante derecho humano.

«Ante la paralización de actividades y toda vez que la única determinación formal sobre el tema ha sido tomada por una asociación civil, debe tomarse en cuenta que una A.C. por más que sea integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance de emitir declaratorias formales de suspensión de labores y establecer medidas que afecten directamente el ejercicio de los derechos de terceros. La emisión de acuerdos sobre la actuación de los tribunales es responsabilidad del CJF por lo que una persona moral de derecho privado puede encontrarse usurpando funciones del órgano que constitucionalmente se encuentra encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial”, mencionó la ministra Batres en el oficio.

El rechazo de esta petición por parte del Pleno de la SCJN ha generado controversia y ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre los trabajadores judiciales y las autoridades encargadas de garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial en México.

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