La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prolongó su periodo de sesiones, originalmente programado para finalizar este martes. A través de una convocatoria a una sesión extraordinaria para el 19 de agosto, la Corte busca resolver una serie de temas electorales de gran relevancia, abriendo incluso la posibilidad de extender sus trabajos hasta el 28 de agosto. Esta decisión, inesperada para muchos, subraya la importancia crítica de los asuntos que la máxima autoridad judicial tiene en su mesa.

La presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, justificó la decisión señalando que, «por lo avanzado de la hora», no fue posible discutir un proyecto crucial. Se trata del proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que aborda las acciones de inconstitucionalidad 44/2024 y 45/2025. Estas acciones impugnan la reforma al Poder Judicial de Yucatán, aprobada el 5 de marzo de 2025. La complejidad y las implicaciones de esta reforma en la estructura judicial del estado de Yucatán hacen imperativa su discusión a fondo, lo que motivó el aplazamiento.

Esta extensión rompe con el Acuerdo General 3/2025, publicado en marzo, que había establecido el 12 de agosto como la última sesión del pleno. La presidenta Piña Hernández fue clara al explicar las razones de la convocatoria: «voy a convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 19, básicamente para ver la acción electoral que ya tenemos listada».

Además del proyecto sobre Yucatán, la agenda de la Corte incluye la resolución de posibles impugnaciones que podrían llegar a más tardar el 28 de agosto, así como la declaratoria respectiva sobre los candidatos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una de las responsabilidades directas de la SCJN.

Un aspecto destacado de la sesión de este martes fue la resolución acelerada de 138 recursos de inconformidad en materia electoral, específicamente contra la elección de los dos magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Con esto, la Corte ha resuelto un total de 139 de estos juicios, aunque aún quedan algunos pendientes que podrían ser discutidos el 19 de agosto.

La decisión de la SCJN se enmarca en un contexto de importantes cambios constitucionales. La reforma del 15 de septiembre de 2024 asignó al Instituto Nacional Electoral (INE) la responsabilidad de los cómputos, la publicación de resultados y la validación de las elecciones. Posteriormente, los resultados son enviados a la Corte o al Tribunal Electoral, que tienen la obligación de resolver todas las impugnaciones antes de la fecha límite del 28 de agosto de 2025.