Con el objetivo de frenar el creciente número de extorsiones en el país, el Gobierno federal presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, una iniciativa que prioriza el combate a este delito desde su origen, incluyendo los casos que se cometen desde centros penitenciarios.

Durante una conferencia de prensa encabezada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se dieron a conocer las principales acciones de la nueva estrategia, que incluyen la intervención de líneas telefónicas, el congelamiento de cuentas bancarias utilizadas para recibir pagos de víctimas, y operativos sorpresa en prisiones.

“Contamos con nuevas facultades legales y herramientas de inteligencia que permitirán fortalecer las investigaciones y desmantelar redes delictivas ligadas a la extorsión”, explicó García Harfuch, al detallar que se actuará con especial énfasis en ocho entidades donde este delito presenta mayor incidencia: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

Acciones clave de la estrategia

Entre las principales medidas anunciadas, destacan:

• Bloqueo de líneas telefónicas y equipos celulares usados para extorsionar, previa autorización judicial.
• Congelamiento de cuentas bancarias receptoras de fondos producto de extorsión, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
• Refuerzo de operativos en cárceles, para localizar y decomisar teléfonos y dispositivos empleados por reclusos.
• Coordinación con fiscalías estatales, mediante equipos especializados y unidades antiextorsión.
• Capacitación a operadores del número 089, para atención de víctimas, manejo de crisis y categorización de tipos de extorsión.
• Campañas de prevención, con mensajes dirigidos a la población para identificar engaños y fomentar la denuncia.

Además, se implementará un protocolo de atención a víctimas y se fortalecerá la comunicación entre las autoridades federales y estatales para dar seguimiento a los casos.

Atención y denuncia

Como parte del enfoque preventivo, el gobierno federal lanzó una serie de recomendaciones para la ciudadanía en caso de recibir amenazas o intentos de extorsión, como mantener la calma, evitar confrontaciones, solicitar tiempo ante una exigencia de pago y contactar a las autoridades de inmediato.

Asimismo, el número 089 será una vía directa para reportar extorsiones, tanto telefónicas como presenciales. Una vez realizada la llamada, un operador especializado orientará a la víctima y activará los protocolos correspondientes.

Delito del fuero común

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que la extorsión —incluido el llamado “cobro de piso”— es considerada un delito del fuero común, por lo que las autoridades federales trabajarán en conjunto con las fiscalías locales para asegurar que las denuncias se integren correctamente y se proceda contra los responsables.

“La FGR, en coordinación con la SSPC y las Fuerzas Armadas, investigará qué cárceles están involucradas en estas actividades. Vamos a actuar legalmente contra cualquier persona vinculada a estas prácticas”, afirmó el fiscal.

La presentación de la estrategia contó con la presencia del Gabinete de Seguridad, incluyendo representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Guardia Nacional y la FGR, lo que refleja la participación integral del Estado en el combate a este delito.

Con estas acciones, el gobierno busca frenar el avance de las redes de extorsión en el país, reforzando las capacidades de investigación, inteligencia y respuesta ante una de las problemáticas de seguridad que más afectan a la población.

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