El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ha presentado una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo y establecer el 12 de diciembre como día de descanso obligatorio en México.
Esta fecha coincide con la celebración de la Virgen de Guadalupe, una festividad de gran importancia religiosa y cultural para el país.
Según la iniciativa del diputado tricolor, el 12 de diciembre no solo es un día de relevancia para la sociedad mexicana en términos religiosos, sino que también es una oportunidad para generar un sentimiento de identidad, pertenencia y un impulso económico para las micro y medianas empresas.
Datos revelan que durante la época navideña y la festividad de la Virgen de Guadalupe, al menos 10 millones de personas visitaron la Basílica de Guadalupe en 2022.
Esta afluencia de visitantes se tradujo en una derrama económica de alrededor de 225 millones de pesos, lo que representa un aumento del 7.2% en comparación con el año anterior y un incremento del 40.9% respecto a 2019.
PRI busca brindar mayor protección a los ambientalistas
Por otra parte, en otra iniciativa presentada por Moreira, se propone modificar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para brindar mayor protección a los defensores ambientales.
La propuesta busca garantizar la seguridad e integridad de aquellas personas dedicadas a la preservación y conservación del medio ambiente que se encuentren en riesgo.
En este sentido, se plantea que los defensores ambientales en situación de peligro tendrán acceso al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
A través de este mecanismo, se implementarán medidas preventivas y urgentes para asegurar su vida, libertad y seguridad.
Las autoridades responsables de velar por la protección de estos activistas serán la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, quienes tendrán la obligación de tomar medidas oportunas para prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de ataque, amenaza o intimidación que puedan sufrir los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
