La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, será la encargada de emitir su voto definitivo en el caso de Mario Aburto Martínez, quien ha permanecido tras las rejas durante 30 años por el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en 1994.
De acuerdo con fuentes de la SCJN, la ministra fue notificada de que se le entregará el proyecto del ministro Juan Luis Alcántara Carrancá, el cual propone una revisión del procedimiento en el juicio de amparo que busca la liberación del acusado.
Posibilidad de libertar para Aburto
En sesión de la Primera Sala de la Corte, Alcántara Carrancá y la ministra Loretta Ortiz Ahfl votaron en contra de conceder el amparo que llevaría a la libertad de Aburto. Por otro lado, la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se posicionaron a favor de mantener el amparo concedido por un Tribunal Colegiado, el cual abrió la posibilidad de la libertad para el acusado.
Cabe mencionar que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido de conocer el asunto, ya que en 1996, cuando era juez de Distrito, declaró la inocencia de Othón Cortés, quien fue señalado por la Procuraduría General de la República como el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Lenia Batres emitirá voto de desempate
La decisión de enviar el caso a Lenia Batres se tomó tras un empate en la votación, lo que obligó a llamar a un ministro de la Segunda Sala para emitir el voto de desempate. La votación final está programada para el próximo 23 de octubre, aunque podría postergarse si Batres solicita más tiempo para estudiar el asunto.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una impugnación contra la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que ordenó al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación del Estado de México revocar la sentencia de 45 años de cárcel impuesta a Aburto. La orden es dictar una nueva sentencia basada en la pena máxima de 30 años contemplada en el Código Penal de Baja California en 1994.
El Ministerio Público Federal argumentó que el Tribunal Colegiado no tomó en cuenta a las víctimas directas e indirectas del asesinato de Colosio, lo que dejó en estado de indefensión al Estado, a sus instituciones y a las personas afectadas. La fiscalía considera que es necesario restituir los derechos de las víctimas y garantizar un proceso legal justo.
Farjat en contra de la reapertura del caso
Ríos Farjat expresó su preocupación por reabrir el proceso, ya que considera que podría alargar innecesariamente el juicio, generando revictimización y expectativas ilusorias para las víctimas. Antes de la reforma constitucional de 2000, las normas penales no reconocían una calidad específica a las víctimas en los casos, por lo que eran representadas por el Ministerio Público, sin tener intervención en el proceso penal ni en el juicio de amparo.
«Por esta razón, respetuosamente, yo no puedo acompañar una propuesta que reabre un proceso donde la participación de las víctimas en la época de los años, no tenía un alcance como el que ahora se pretende», afirmó Farjat.
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