En respuesta al brutal asesinato del magistrade Ociel Baena y su pareja en su propia vivienda el pasado noviembre, ha surgido una iniciativa legislativa encaminada a prevenir y castigar los crímenes de odio en México. La propuesta, conocida como la Ley Ociel Baena, ha sido impulsada por la diputada federal de Morena, Salma Luévano, en colaboración con diversas asociaciones de la diversidad sexual.
Jesús Ociel Baena Saucedo era reconocido como un defensor de los derechos políticos y sociales de todas las personas. Especialmente de las comunidades LGBTTTIAQ+, incluidas las no binaries. Su trágico asesinato ha desencadenado un fuerte sentimiento de indignación y movilización contra el discurso y los actos de odio en el país.
¿Qué dice la Ley Ociel Baena?
Con el objetivo de tipificar y castigar estos crímenes, la Ley Ociel Baena se está promoviendo tanto a nivel estatal, en Puebla, como a nivel federal. Ambas propuestas buscan establecer penas y sanciones para aquellos que difundan discursos de odio. Así como promover la inclusión y perspectiva de diversidad sexual en la legislación.
En el caso de la iniciativa en Puebla, se propone agregar un párrafo al artículo 229 del Código Penal del Estado. Esta adición permitiría sancionar con prisión de 15 días a seis meses y una multa de tres a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente entre 311 y 3,112 pesos, a quienes difundan ideas que inciten a la violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ+, considerando características como su origen, orientación sexual, identidad de género, color de piel, entre otras.
La propuesta federal, por su parte, pretende agregar el artículo 315 Ter al Código Penal. Lo anterior contemplando penas de prisión que oscilan entre 40 y 70 años para aquellos que cometan homicidios motivados por características como la orientación sexual, identidad de género, expresión de género, raza, religión, discapacidad, etnia, nacionalidad, entre otras.
Actualmente, la Ley Ociel Baena se encuentra en estudio en el Congreso de Puebla, y se espera que otros estados, como Durango, presenten versiones similares.
El objetivo es establecer instrumentos legales que ayuden a prevenir y combatir los crímenes de odio en México. Así como garantizar la seguridad e inclusión de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
De acuerdo con el informe «Los Rastros de Violencia», elaborado por Samuel Jair Martínez Cruz de Letra S, durante el año 2022 se registraron 87 asesinatos en México de personas pertenecientes a las comunidades LGBTQ+. Incluyendo 48 mujeres trans, 22 hombres homosexuales, 11 mujeres lesbianas y seis personas con orientaciones e identidades no especificadas.