El caso de Vanessa Dib, una mujer y madre soltera que acudió en 2018 a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para retirarse un dispositivo intrauterino (DIU), volvió a cobrar relevancia pública en medio de su proceso legal en busca de una reparación integral del daño.

Lo que debía ser un procedimiento ginecológico de bajo riesgo y corta duración derivó en una infección generalizada que provocó un choque séptico de tercer grado, múltiples paros cardíacos y, finalmente, la amputación bilateral de sus piernas.

De acuerdo con el testimonio de Dib, tras el retiro del DIU fue dada de alta el mismo día. En los días posteriores comenzó a presentar dolor abdominal y lumbar, síntomas que inicialmente fueron minimizados. Al regresar a la clínica, relató que fue diagnosticada con lumbalgia, sin que se le practicaran estudios clínicos, y recibió indicaciones que, aseguró, contribuyeron al deterioro de su estado de salud.

Con el paso de los días, los síntomas se intensificaron. Presentó mareos, vómitos constantes y debilidad severa, hasta que fue trasladada de emergencia a un hospital. Según su relato, permaneció varias horas sin atención médica especializada y sufrió tres infartos, el último de los cuales derivó en muerte clínica.

Dib ha señalado que la insistencia de su abuelo fue clave para que el personal médico continuara con las maniobras de reanimación, pese a que los protocolos suelen limitar estos intentos a un periodo breve. Aunque no presentó daño neurológico, la infección avanzó de manera irreversible.

La joven permaneció nueve días en coma y, al despertar, fue informada de que sus extremidades inferiores habían desarrollado gangrena, consecuencia del choque séptico y del paro cardiorrespiratorio. A pesar de que algunos médicos consideraron que el tratamiento ya no tenía viabilidad, su familia exigió que se agotaran todas las opciones médicas disponibles.

Tras varias cirugías, Vanessa Dib fue sometida a la amputación de ambas piernas, iniciando un proceso de recuperación largo y complejo.

En 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118/2022, en la que concluyó que la atención brindada por el IMSS no fue oportuna ni adecuada, y ordenó la reparación integral del daño, así como atención médica vitalicia.

El IMSS aceptó la recomendación y, en un comunicado, informó que implementaría medidas para compensar a la afectada y evitar la repetición de casos similares. Sin embargo, Dib denunció públicamente que la institución le ofreció una indemnización de 88 mil pesos, cantidad que consideró insuficiente frente a las secuelas permanentes que enfrenta.

Tras un año postrada en cama y sin posibilidad de reincorporarse a su empleo, fue pensionada por el IMSS con un ingreso mensual que, según ha señalado, no cubre sus necesidades básicas ni las de sus hijos. El costo de cada prótesis supera los 250 mil pesos, con gastos de mantenimiento anuales cercanos a los 80 mil pesos.

Actualmente, Vanessa Dib mantiene un proceso legal activo luego de que el IMSS apelara una sentencia judicial favorable. Mientras el caso avanza, subsiste mediante la venta informal de dulces y su trabajo como manicurista, sin abandonar su exigencia de justicia y reparación del daño.

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