Mariana Rodríguez, excandidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, solicitó medidas de protección tanto para ella como para su equipo y los magistrados electorales de Nuevo León. Este llamado se produce en el marco de las impugnaciones presentadas contra el triunfo de Adrián de la Garza, candidato del PRI, quien ganó la elección con una diferencia de siete puntos sobre Rodríguez.

Audiencias y solicitudes de protección

Mariana Rodríguez acudió a dos audiencias de alegatos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde se reunió con los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, y por separado con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Durante estas reuniones, que se prolongaron por una hora, Rodríguez expuso diversas evidencias que ha compartido previamente en sus redes sociales. Entre estas pruebas, presentó dos videos adicionales de aproximadamente un minuto de duración que muestran agresiones a su equipo, las cuales atribuye a personas cercanas a Adrián de la Garza.

Acompañada de sus abogados Héctor Mateos y José Francisco Torres, la candidata presentó dos juicios bajo la figura de Asuntos Generales. Estas solicitudes, registradas como los expedientes SUP-AG-126/2024 y SUP-AG-127/2024, no constituyen impugnaciones directas, sino peticiones de protección, algo inusual en la Sala Superior. Rodríguez pidió que su nombre aparezca como dato protegido y solicitó medidas de protección y reparación tanto para los magistrados como para su equipo y simpatizantes de Movimiento Ciudadano.

Preocupaciones de Mariana Rodríguez por su seguridad

La principal preocupación de Rodríguez radica en la posible intimidación y agresión hacia su equipo y simpatizantes, así como a los magistrados electorales encargados de resolver las impugnaciones. Según la candidata, existen temores fundados de que estos incidentes puedan repetirse o intensificarse debido a las acciones legales en curso.

Además, Rodríguez señaló que Adrián de la Garza podría tener influencia en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y en la Agencia Estatal de Investigaciones, lo que le otorgaría poder para intimidar a los magistrados o continuar con las agresiones.

Durante las audiencias, Rodríguez enfatizó que, aunque aceptó públicamente los resultados de la elección, decidió acudir a las instancias legales tras recibir evidencias de intimidaciones y agresiones. Según ella, estas acciones han comprometido la voluntad de los ciudadanos, quienes no pudieron ejercer su voto libremente.

Reacciones de los magistrados

A pesar de las preocupaciones expresadas por Rodríguez, los magistrados parecen no compartir del todo su visión. Según fuentes, los magistrados electorales locales no se sienten inseguros para resolver estos casos. No obstante, Rodríguez insiste en la necesidad de protección para asegurar que el proceso legal se desarrolle sin riesgos para la integridad de las personas involucradas.

Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien recibió los asuntos presentados por Rodríguez, ha estado evaluando las evidencias y argumentos expuestos. Se espera que su análisis determine si el caso se mantendrá en la Sala Superior o si será remitido a la Sala Regional Monterrey para una evaluación más detallada.

Implicaciones y próximos pasos

Los casos de protección a magistrados electorales son inusuales y, en este contexto, representan un desafío para el sistema judicial electoral. La solicitud de Rodríguez no solo busca protección para su equipo y simpatizantes, sino también para los magistrados, lo que subraya la gravedad de las intimidaciones alegadas.

En los próximos días, se espera que el magistrado Rodríguez Mondragón emita un proyecto que defina el rumbo de estas solicitudes. De ser necesario, el caso podría ser trasladado a la Sala Regional Monterrey para su análisis antes de ser evaluado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mientras tanto, la situación en Monterrey continúa siendo tensa, con una elección impugnada y acusaciones graves que deberán ser resueltas para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso electoral. La decisión final no solo afectará a los involucrados directamente, sino que también sentará un precedente importante para futuros procesos electorales en México.

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